La Fiscalía colombiana investiga al empresario dominicano José Ramón Díaz Sosa, socio del Centro Oncológico del Caribe, por su posible vinculación en un esquema de desvío de más de 59 mil millones de pesos colombianos del sector salud. Díaz, quien también es representante legal de la IPS, sería parte de un entramado junto a Mario Urán, exfuncionario de Coosalud, para redirigir recursos públicos de la salud hacia sus propios intereses.
Lo que agrava el caso es la posible conexión internacional con República Dominicana. La Fiscalía rastrea si los fondos desviados fueron enviados de manera irregular a empresas en ese país, a través de Díaz y Urán. Documentos y correos electrónicos obtenidos sugieren transacciones sospechosas entre ambos países.
Díaz ha negado su implicación en los desvíos y ha asegurado que colaborará con las autoridades colombianas, aunque aún no ha detallado cuándo responderá formalmente. La investigación sigue en curso para esclarecer la magnitud de los desvíos y las conexiones internacionales involucradas.
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