La ONU inició hoy en Ginebra las negociaciones para alcanzar un tratado que combata la biopiratería, que se refiere a la explotación de recursos genéticos que perjudican tanto a la naturaleza como a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, luego de más de 20 años de discusiones.
El director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang, advirtió que las negociaciones no serán fáciles.
Los 193 países miembros de la OMPI se reunirán en Ginebra hasta el 24 de mayo con el objetivo de llegar a un acuerdo por consenso.
"Podemos demostrar que un régimen sólido y predecible de propiedad intelectual no está en contradicción con las necesidades de todos los países y comunidades, incluidos los pueblos indígenas y locales", añadió.
El proyecto de acuerdo establece que aquellos que soliciten patentes deben revelar el país de origen de los recursos genéticos utilizados y la comunidad indígena que proporcionó los conocimientos tradicionales asociados a la invención.
Más de treinta países exigen la divulgación del origen de las innovaciones, la mayoría de ellos países en desarrollo como China, Brasil, India y Sudáfrica, junto con algunas naciones europeas como Francia, Alemania y Suiza.
Kenia, en representación de los países africanos, afirmó que el tratado debe ser más exhaustivo e incluir "requisitos de divulgación obligatoria".
Se busca combatir la biopiratería, la cual implica la utilización de conocimientos tradicionales o recursos genéticos sin el consentimiento de los poseedores y sin que estos se beneficien, explicó el jefe de la delegación francesa, Christophe Bigot.
Estos recursos, como plantas medicinales, variedades vegetales y especies animales, son cada vez más utilizados en diversas industrias, como la farmacéutica, la cosmética, la biotecnología y los alimentos.
Los países en desarrollo temen que se otorguen patentes sin el consentimiento de los pueblos indígenas o para invenciones que no lo merecen, mientras que los opositores al tratado creen que podría obstaculizar la innovación.
Según Wend Wendland, director de la División de Conocimientos Tradicionales de la OMPI, el objetivo es garantizar que estos conocimientos y recursos se utilicen con la aprobación de los países y comunidades de origen, permitiéndoles beneficiarse de las invenciones de alguna manera.
La adopción de este nuevo instrumento jurídico pondría fin a más de dos décadas de negociaciones sobre un tema de gran importancia para muchos países, aunque actualmente hay obstáculos en relación con las sanciones y la anulación de las patentes.
Hace dos años, los países acordaron convocar una conferencia para finalizar un acuerdo para 2024 como fecha límite. Solo Estados Unidos y Japón se desvincularon oficialmente de la decisión, aunque no se oponen al consenso.
La embajadora estadounidense Sheba Crocker aseguró que su país trabajará para lograr un resultado que mejore la transparencia sin afectar los objetivos políticos ni los fundamentos del sistema de patentes.
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