Cuando el Estado ignora la ley, envía un mensaje claro —que los derechos pueden esperar, que la inflación es problema ajeno, que el salario puede diluirse mientras se celebran cifras macroeconómicas. La indexación salarial no es una bandera partidaria ni un capricho ideológico; es un mandato legal congelado desde 2017. Cada año sin aplicarla no es superávit público, es pobreza silenciosa, es sacrificio impuesto al que madruga, al que produce, al que sostiene la economía.
Quien quiera reducir este tema a un debate partidario no entendió nada. Cumplir la ley no divide; lo que divide es la selectividad: rigor para el contribuyente, flexibilidad para el Estado. ¿Desde cuándo mantener el valor del salario se volvió una concesión? La no indexación es menos una omisión y más una traición a la promesa social básica: trabajar debe rendir frutos, no pérdidas.
El argumento eterno es el mismo: “¿y de dónde se cubrirá ese deficit?” Pues de donde siempre debió salir. Del presupuesto —pero no del bolsillo del trabajador, que ya pagó su cuota. Hay grasa en el Estado; sobra. Publicidad que no informa, instituciones que solo existen en papel, nóminas infladas por compromisos políticos. Si la ley exige honrar el salario, entonces es el gasto público el que debe ajustarse, no el bolsillo del ciudadano.
Ningún proyecto de desarrollo puede construirse sobre salarios que valen menos cada año. La ley mandó. El trabajador esperó. Y la paciencia, igual que el sueldo, también tiene límites.
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.