El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Esmirna Méndez, aplazó este martes 4 de febrero la continuidad del juicio de fondo contra los imputados en la supuesta red de corrupción integrada por policías y militares, desmantelada mediante la Operación Coral y Coral 5G.
El aplazamiento se produjo debido a que el imputado Pedro Castillo Nolasco sufrió una lesión en un pie y presentó una licencia médica de 10 días. Esta licencia vence el próximo 10 de febrero, por lo que el juicio se retomará al día siguiente.
La audiencia, que actualmente se encuentra en la fase de incorporación de pruebas testimoniales, continuará el martes 11 de febrero, a las 2:00 de la tarde.
Principales imputados en el caso
"El presunto entramado societario, liderado por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, involucra a altos oficiales y civiles que supuestamente participaron en diversas actividades ilícitas para sustraer fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre 2012 y 2020.
Entre los imputados figuran:
- Coronel Rafael Núñez de Aza
- General de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola
- Mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez
- General Juan Carlos Torres Robiou
- Rossy Guzmán Sánchez, conocida como 'la Pastora'
- Cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez
- Sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz
- José Manuel Rosario Pirón
- Carlos Lantigua
- Alfredo Pichardo
- Erasmo Roger Pérez
- Jehohanan Lucía Rodríguez
- Yehudy Blandesmil Guzmán
- Esmeralda Ortega Polanco, entre otros
Acusaciones contra los imputados
La acusación establece que los imputados desviaron fondos del Cusep y Cestur a través de maniobras fraudulentas y también sustrajeron recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Asimismo, los imputados de mayor rango presuntamente acumularon patrimonios millonarios con dinero sustraído del erario, afectando la calidad de vida de oficiales subalternos y alistados, quienes sufrieron salarios reducidos y condiciones económicas adversas, mientras sus superiores llevaban vidas de lujo.
Entre los bienes adquiridos con los fondos ilícitos se incluyen apartamentos lujosos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujo y sociedades comerciales. Según la acusación, estos hechos constituyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada y lavado de activos, entre otros.
Las propiedades millonarias adquiridas por los acusados ascienden a más de RD$4,500 millones, reflejando el impacto de esta red criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas.
Fuente: Diario Libre
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