Realizar una reforma fiscal integral en la República Dominicana requerirá establecer reglas claras para controlar el endeudamiento, ya que este factor podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
Cinco economistas consultados por Diario Libre en el marco del Foro sobre la Reforma Fiscal, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), coinciden en la importancia de trabajar en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que se encuentra en el Congreso, presentado por el Ministerio de Hacienda en junio de 2023.
Si se aprueba esta normativa, la República Dominicana se uniría a más de una decena de países de América Latina y el Caribe que ya cuentan con leyes de responsabilidad fiscal, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.
Según el consultor financiero José Luis de Ramón Picazo, el país necesita una regla fiscal que establezca cómo deben aumentar los gastos corrientes para evitar desequilibrios, debiendo crecer por debajo del producto interno bruto.
El proyecto de ley propone un objetivo de deuda del 40% o menos del producto interno bruto nominal (PIBN) para el gobierno en 2035, junto con una tasa de crecimiento primario del sector público por debajo de la inflación promedio anual del 3.00%, más 300 puntos básicos, y sanciones para los funcionarios que incumplan estas normas.
- Hasta mayo de este año, la deuda pública no consolidada representó el 44.9% del PIB, con 38,813.1 millones de dólares de deuda externa, 16,941 millones de dólares de deuda interna y 2,244.2 millones de dólares de deuda intergubernamental, según datos de la Dirección General de Crédito Público.
Roberto Despradel, consultor de la firma DASA, afirma que este proyecto de ley garantizaría la sostenibilidad de la deuda, buscando igualar los topes de déficit necesarios. "Si el Estado va a realizar una reforma fiscal, la ley de responsabilidad fiscal debería ser incluida", señaló.
La economista Magdalena Lizardo también destaca la importancia de analizar esta legislación como parte de un conjunto de reformas para asegurar la previsibilidad en su aplicación.
Germania Montás, especialista en tributación, hace hincapié en la importancia de cumplir con la ley, resaltando que si actualmente no se ha cumplido con la Ley 6-06 de Crédito Público, será difícil cumplir con otro límite. Además, insta a que el Ministerio de Hacienda no sea juez y parte en el proceso de supervisión, sugiriendo la participación de universidades y otros sectores de la sociedad civil en la comisión de supervisión.
El economista Rolando Guzmán comenta que las modalidades del proyecto aún deben discutirse, destacando que la base del anteproyecto puede limitar la capacidad del Estado para satisfacer otras demandas públicas. Considera que la solución no es reducir el tamaño del Estado, sino garantizar que tenga los recursos necesarios para cumplir con su labor en términos de calidad del gasto.
Fuente: Diario Libre
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