A una semana del incendio que afectó diversas áreas de la cárcel La Victoria, el número de reclusos trasladados a otros centros carcelarios ha alcanzado los 1,025. Este trágico incidente resultó en 13 presos fallecidos y 11 heridos.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), hasta el momento se han identificado tres de los cadáveres de los fallecidos, los cuales ya han sido entregados a sus familiares.
En la mañana de hoy, se movieron 253 reclusos a la cárcel de 15 de Azua, 55 a la cárcel pública de Neiba y 25 al Centro de Privación de Libertad de Barahona.
Por otro lado, durante la noche del lunes, 400 presos fueron trasladados a otras prisiones, donde 300 de ellos fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito en La Vega, y 100 al Centro Penitenciario Vista al Valle en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
El miércoles, se reubicaron a 180 presos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia. Mientras que el jueves, 85 reclusos fueron movilizados, 62 a la cárcel Cucama en La Romana y 23 al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
El Director General de Servicios Penitenciarios, Roberto Hernández Basilio, aseguró que se han estado suministrando raciones alimenticias a los recintos penitenciarios a los que se han trasladado los reclusos. Además, el Ministerio de Salud Pública ha proporcionado asistencia psicológica a los presos tanto en La Victoria como a los trasladados.
Nueve cuerpos sin identificar
Aún hay nueve cuerpos sin identificar en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales no han podido ser reconocidos debido a su estado. Los fallecidos identificados hasta ahora son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González.
El procurador general adjunto, Rodolfo Espiñeira Ceballo, mencionó que no descartaba la posibilidad de encontrar más cadáveres entre los escombros durante una conferencia de prensa para informar sobre el trágico acontecimiento.
Tras el incendio, la Procuraduría General de la República estableció un grupo de trabajo para investigar las causas del incendio en la prisión, así como para determinar qué se hará con la zona afectada de la cárcel más sobrepoblada del país.
Estos traslados se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional.
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