La labor de los diputados y senadores dominicanos envuelve una serie de beneficios que, aún después de abandonar la carrera legislativa, favorece a los congresistas. Estos beneficios incluyen pensiones que alcanzan hasta los 208,000 pesos, dependiendo del tiempo que puede ser desde un periodo de cuatro años.
Los congresistas dominicanos tienen su propio sistema de pensiones establecido por una ley promulgada en 1998 y modificada varias veces. La normativa establece que el régimen de pensiones para los diputados y senadores, más otros beneficios, es sustentado a través de un descuento mensual de un 6 % de sus salarios, o un 12 % para aquellos que entraron al Congreso a partir del 2016, más un 10 % del presupuesto total de ambas cámaras legislativas.
Aunque del Congreso se retirará un grupo de legisladores, ya sea porque perdieron en las elecciones o porque no decidieron aspirar en los comicios, al menos 43 de ellos recibirán pensiones que alcanzarían hasta los 208,000 pesos por cumplir con los requisitos mínimos de edad y de tiempo laborando en el Poder Legislativo.
Entre los que recibirán la pensión están los diputados Máximo Castro, Rafaela Alburquerque, Magda Rodríguez, Manuel Díaz, César Santiago Rutinel y Rubén Maldonado, quienes recibirán 114,000 pesos, equivalentes al 65 % de su último salario, registrado en 175,474 pesos.
Los seis congresistas cumplen con las condiciones necesarias establecidas por ley: tienen 60 años o más de edad y acumulan más de cuatro periodos legislativos, lo que les permite pertenecer al selecto grupo que recibirá pensiones más altas.
Menos dinero
Otros se van del Congreso, pero recibirán menos dinero. De acuerdo con la normativa, aquellos que agoten un tiempo de labor legislativa de tres periodos recibirán un 60 % de sus salarios, los que tengan dos tendrán un 50 %, y los que solo acumulen un periodo tendrán pensiones equivalentes a entre el 35 y el 55 % de sus salarios, dependiendo de la edad en la que hayan entrado al Congreso.
En ese sentido, el grupo de al menos 43 legisladores que se va pensionado y que tiene 60 años de edad o más incluye a Ysabel Jacqueline Ortiz, Elpidio Báez, Rudy María Méndez, Dionisio de la Rosa, Darío Zapata, Juan Alberto Aquino, Santiago Vilorio, Juan Suazo, Esteban Cruz, Eduardo Hidalgo, Jesús Alberti, Francisco Solimán, María Mercedes Fernández y Gertrude Ramírez.
Un cálculo en base a sus salarios arroja que estos diputados, con tres periodos o menos de trabajo, recibirían pensiones que van desde los 61,415 hasta los 105,284 pesos.
Los senadores
Al menos ocho senadores abandonan la Cámara Alta con el privilegio de las pensiones, siendo Franklin Peña, el representante de San Pedro de Macorís, quien se retira de su labor congresual con 208,000 pesos mensuales -la más alta- que equivale al 65 % de su salario de 320,000 pesos mensuales.
Otros senadores que se irían del Congreso con pensiones desde 112,000 hasta 160,000 pesos son Melania Salvador, Ramón Pimentel, Milciades Franjul, Virgilio Cedano, Valentín Medrano y Bautista Rojas.
La Ley 340-98 creó el Instituto de Previsión Social para el Congresista Dominicano (Inprescondo) porque, como alega la propia normativa, antes del 1998 el Congreso Nacional se veía precisado a otorgar pensiones a los diputados y senadores para que “su calidad de vida sea cónsona con su conclusión de exlegisladores”. El Inprescondo permite que sus miembros ahorren recursos, accedan a ayudas especiales por incapacidad o muerte, reciban jubilaciones y pensiones, y suscriban préstamos para sus necesidades. El instituto se sustenta con fondos de los propios legisladores y tiene una Junta Administradora.
Fuente: Diario Libre
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 porque, como alega la propia normativa, antes del 1998 el Congreso Nacional se veía precisado a otorgar pensiones a los diputados y senadores para que “su calidad de vida sea cónsona con su conclusión de exlegisladores”. El Inprescondo permite que sus miembros ahorren recursos, accedan a ayudas especiales por incapacidad o muerte, reciban jubilaciones y pensiones, y suscriban préstamos para sus necesidades. El instituto se sustenta con fondos de los propios legisladores y tiene una Junta Administradora. ){kind=link}