En el crepúsculo, un individuo robusto grita a través de un altavoz mientras una multitud curiosa se aglomera a su alrededor. Cerca de él se encuentra una pequeña caja de cartón con varios billetes de 10 gourdes haitianos (aproximadamente siete centavos de dólar).
El hombre exclama "¡Cada uno que dé lo que pueda!" mientras agarra los brazos y las manos de aquellos que entran a un barrio de la capital de Puerto Príncipe que se encuentra bajo amenaza de pandillas violentas.
Recientemente, la comunidad votó a favor de comprar una barrera de metal e instalarla por cuenta propia para intentar proteger a los residentes de la incesante violencia que ha cobrado la vida o herido a más de 2,500 personas en Haití de enero a marzo.
"Cada día me despierto para encontrar un cadáver", expresó Noune-Carme Manoune, una oficial de inmigración.
La vida en Puerto Príncipe se ha convertido en un desafío por la supervivencia que empuja a los haitianos a límites insospechados para mantenerse a salvo y con vida, mientras las pandillas abruman a la policía y el gobierno permanece en gran medida ausente.
Algunos instalan barricadas metálicas, otros aceleran al pasar por áreas controladas por pandillas. Los suministros de agua, alimentos, dinero y medicamentos han disminuido desde el cierre del principal aeropuerto internacional a principios de marzo. El puerto marítimo más grande del país está paralizado en gran parte por grupos saqueadores.
En este escenario, los teléfonos constantemente alertan sobre disparos, secuestros y tiroteos mortales, mientras los supermercados cuentan con tantos guardias armados que parecen estaciones de policía diminutas.
"Todo el mundo está bajo presión"
Los ataques de las pandillas solían ocurrir en áreas específicas, pero ahora pueden suceder en cualquier lugar en cualquier momento. Incluso quedarse en casa no garantiza la seguridad: un hombre que jugaba con su hija en casa recibió un disparo en la espalda por una bala perdida. Las escuelas y gasolineras han cerrado, y el combustible en el mercado negro se vende a nueve dólares por galón. Los bancos han impuesto límites de retiro y los cheques demoran semanas en liquidarse. Los agentes de policía esperan semanas para recibir su pago.
Las pandillas dominan alrededor del 80% de Puerto Príncipe y lanzaron ataques coordinados en febrero contra infraestructura estatal crítica. Hasta el momento, el primer ministro Ariel Henry sigue fuera del país y un consejo presidencial de transición está en proceso de selección de nuevo liderazgo para el país.
Pero hay pocas esperanzas de que esto resuelva la crisis. El movimiento de autodefensa conocido como "bwa kale" ha surgido, llevando a la muerte de varios cientos de presuntos pandilleros o sus colaboradores.
Más de 95,000 personas han huido de Puerto Príncipe en solo un mes, mientras que la violencia ha dejado a unas 160,000 personas sin hogar. La Unión Europea ha establecido un puente aéreo humanitario, pero la entrega de suministros esenciales sigue siendo incierta. Mientras tanto, grupos de ayuda advierten sobre el riesgo de hambruna para casi dos millones de haitianos, la mayoría niños.
Establecimientos cerrados
La violencia también ha obligado al cierre de negocios, agencias gubernamentales y escuelas, dejando a muchos haitianos sin empleo. La gente ha tenido que encontrar formas de sobrevivir, adaptándose a nuevas realidades como el autoempleo y la venta ambulante de agua tratada o gasolina en el mercado negro.
La crisis ha obligado incluso a los estudiantes a abandonar la educación para unirse a la fuerza laboral y ayudar a sostener a sus familias. La incertidumbre y el miedo persisten en un ambiente donde la violencia y la criminalidad no distinguen entre inocentes y culpables.
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