En el caso de presunta corrupción Calamar, los abogados de los acusados han criticado el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público a favor de seis vinculados en el expediente y una empresa que colabora en la investigación.
Luis Rivas, representante del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, expresó que intentaron estar presentes en la audiencia de este miércoles para conocer el pedido del Ministerio Público, a pesar de no haber sido convocados, con el fin de exigir al tribunal que evalúe la legalidad del desestimiento de la acción penal hacia la empresa y las seis personas físicas involucradas.
Los posibles beneficiados con el desestimiento de la acción penal, de ser aceptada la petición del Ministerio Público, son Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Tribunal conocerá acuerdos de testigos del caso Calamar con la Pepca
Estos son los nuevos imputados del Caso Calamar
Hablando en nombre de las demás defensas, Luis Rivas mencionó que tienen derecho a participar y refutar la petición del Ministerio Público.
Añadió que los delitos atribuidos a aquellos que negociaron con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) son de gravedad similar a los otros, por lo que el artículo 370 del Código Procesal Penal deja claro que el criterio de oportunidad no procede.
Se aplazó para notificar cuatro querellantes
La audiencia para tratar la solicitud del criterio de oportunidad se postergó para el 13 de junio próximo, con el fin de notificar a cuatro querellantes que serían beneficiados, según informó el abogado Francisco García Rosa, representante de la familia Gatón, presuntamente estafada por la red.
García describió la audiencia de hoy como "muy especial" debido a que no todos los involucrados en el caso Calamar están legitimados para estar presentes en la vista programada para este miércoles.
La Pepca ha argumentado que los seis que podrían beneficiarse del criterio de oportunidad han reparado el daño al Estado dominicano devolviendo los fondos sustraídos en su participación en la red que habría desfalcado las arcas públicas.
- Además, han explicado cómo funcionaba toda la trama, implicando a más de 40 personas físicas y jurídicas, incluidos exministros y un exsenador.
A la presunta red de Calamar se le acusa de defraudar al Estado a través de pagos irregulares por la declaración de propiedades privadas como de utilidad pública, la extorsión de bancas de apuestas y sobornos a contratistas del Estado para financiar la campaña política de 2020.
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