La Cámara de Diputados ha encabezado por dos años varias jornadas de análisis y estudios de una nueva Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios que, en caso de aprobarse totalmente en el Congreso, sustituiría a una vieja norma que regula las rentas de propiedades en la República y que fue promulgada en el año 1955, durante la dictadura de Trujillo.
La ley 4314 del año 1955, promulgada por el entonces presidente Héctor Trujillo Molina (hermano y presidente títere del dictador), solo contiene disposiciones relacionadas al pago de los depósitos de alquileres, mientras que el nuevo proyecto incluye mandatos concernientes a desalojos por falta de pago, embargos por retraso en las cuotas o gastos legales compartidos.
La normativa de los alquileres, que fue modificada por otra ley del año 1988, dispone en su primer artículo que, al momento de la contratación, los inquilinos deberán entregar a los propietarios un pago equivalente hasta tres meses del valor de la renta como “depósitos, adelantos o anticipos”.
En la propuesta actual, que ya fue sancionada por los diputados el pasado 25 de julio en una primera lectura, los depósitos fueron limitados a dos y, según el proyecto legislativo, de este dinero no se podrán cubrir los gastos legales.
En cuanto a quién se entregan los depósitos la vieja ley coincide con la nueva en que sea al Banco Agrícola. La única diferencia es que la nueva manda que el contrato de alquiler, donde estará registrado el pago de los depósitos, será depositado en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived). La ley anterior no requería que se depositara en ninguna institución.
Nueva ley abarcadora
La normativa de 1955 fue modificada 33 años después. Se limita a regular los depósitos y los posibles conflictos que se puedan generar entre propietarios e inquilinos.
En cambio, el nuevo proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios abarca aspectos como obligaciones de los propietarios y la devolución de depósitos y procedimientos de desalojos, entre otros.
Va al senado
El proyecto de la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios estuvo bajo estudio durante dos años, pero su revisión fue agilizada al final de la pasada legislatura para lograr su aprobación en primera lectura.
La pieza está pendiente de revisión en el Senado para su posible promulgación.
Fuente: Diario Libre
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, solo contiene disposiciones relacionadas al pago de los depósitos de alquileres, mientras que el nuevo proyecto incluye mandatos concernientes a desalojos por falta de pago, embargos por retraso en las cuotas o gastos legales compartidos.La normativa de los alquileres, que fue modificada por otra ley del año 1988, dispone en su primer artículo que, al momento de la contratación, los inquilinos deberán entregar a los propietarios un pago equivalente hasta tres meses del valor de la renta como “depósitos, adelantos o anticipos”. RELACIONADAS Congreso Nacional Nueva ley de alquileres: sólo se cobrarán dos depósitos y los gastos legales serán compartidos En la propuesta actual, que ya fue sancionada por los diputados el pasado 25 de julio en una primera lectura, los depósitos fueron limitados a dos y, según el proyecto legislativo, de este dinero no se podrán cubrir los gastos legales.En cuanto a quién se entregan los depósitos la vieja ley coincide con la nueva en que sea al Banco Agrícola. La única diferencia es que la nueva manda que el contrato de alquiler, donde estará registrado el pago de los depósitos, será depositado en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived). La ley anterior no requería que se depositara en ninguna institución.Nueva ley abarcadoraLa normativa de 1955 fue modificada 33 años después. Se limita a regular los depósitos y los posibles conflictos que se puedan generar entre propietarios e inquilinos.En cambio, el nuevo proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios abarca aspectos como obligaciones de los propietarios y la devolución de depósitos y procedimientos de desalojos, entre otros.Va al senadoEl proyecto de la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios estuvo bajo estudio durante dos años, pero su revisión fue agilizada al final de la pasada legislatura para lograr su aprobación en primera lectura. La pieza está pendiente de revisión en el Senado para su posible promulgación.){kind=link}