domingo, diciembre 22, 2024
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Informe actual de las investigaciones realizadas por la unidad de la JCE

El encargado de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Ramón Peña Conce, ha comunicado que dicho organismo ha recibido y remitido los procesos correspondientes a las autoridades pertinentes.

“Hemos llevado a cabo numerosas investigaciones y las hemos gestionado debidamente”, mencionó Peña Conce.

La unidad ha recibido varias denuncias de los partidos políticos, pero hasta ahora no se han hecho públicas. La denuncia más reciente fue presentada por los partidos de oposición, acusando al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar los recursos del Estado para beneficiar a ciertos candidatos de esa organización.

Esta unidad de sanciones empezó a operar en mayo de 2023, durante la precampaña electoral. Según Stalin Alcántara Osser, sub-encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE, las faltas administrativas no estaban contempladas en las leyes anteriores, pero se incorporaron con la promulgación de la Ley 15-19 y su reforma en la 20-23.

Osser explicó que la unidad no tiene autoridad para sancionar crímenes, ya que estos son de naturaleza penal, como la violencia política contra la mujer.

Según Manuel Ramón Peña Conce, las infracciones se dividen en contravenciones (sancionadas con multas), delitos (penas de hasta dos años) y crímenes (penas de tres años en adelante), manteniendo esta clasificación para los delitos electorales.

Además, la unidad se encarga de denuncias sobre encuestadoras, proselitismo previo a la campaña y violaciones de topes, mientras que los demás casos son considerados crímenes o delitos.

Peña Conce destacó que la unidad no rechaza ningún tipo de denuncia y que se ocupan de las investigaciones y sanciones correspondientes.

En cuanto a las atribuciones, Peña Conce mencionó que con la antigua ley de Régimen Electoral hubo inconvenientes en la jurisdicción de crímenes y delitos electorales, que finalmente se asignaron a los tribunales del Ministerio Público.

Sobre la compra de cédulas de identidad electoral, los representantes de la unidad señalaron que este acto es un delito penado con hasta 3 años de prisión según la legislación vigente.

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