Según el informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario, en los últimos dos años han fallecido un total de 241 personas en las cárceles del país mientras estaban detenidas como sospechosas de pertenecer a pandillas o colaborar con estos grupos delictivos.
La directora de esta organización, Ingrid Escobar, informó que, a pesar de haber recibido alrededor de 500 denuncias de fallecidos bajo custodia estatal desde 2022, han confirmado la muerte de 241 personas, de las cuales 239 eran adultos y 2 eran niños hijos de reclusas.
De acuerdo con el informe de la ONG, el 44% de estos fallecimientos se debió a muertes violentas y torturas graves, mientras que el 29% fue a causa de falta de atención médica, considerada otra forma de tortura.
El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, logró que el Congreso aprobara un régimen de excepción hace dos años como parte de una política de mano dura contra las pandillas, suspendiendo derechos fundamentales como acceso a un abogado o conocer los motivos de la detención.
Este régimen también amplió el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, y hasta dos años para llevar a cabo investigaciones sin pasar por el proceso judicial. Esta medida fue implementada como respuesta a los altos índices de violencia y homicidios en el país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado recientemente la situación precaria de los detenidos en las cárceles salvadoreñas debido a la vulneración de sus derechos. Socorro Jurídico Humanitario ha pedido al Estado que investigue todos los homicidios y desapariciones forzadas ocurridas en los centros penitenciarios.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha afirmado que desde la instauración del estado de excepción, se han detenido a 79,184 personas catalogadas como "presuntos terroristas". A pesar de esto, más de 7,000 personas han sido liberadas por falta de pruebas en los últimos dos años y el 90% de los reclusos se encuentran en prisión sin recibir sentencia.
Por otro lado, el gobierno ha informado que la violencia ha disminuido en el país desde 2015, pero organizaciones de derechos humanos como Cristosal y Amnistía Internacional denuncian desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia estatal, así como trato cruel e inhumano.
El gobierno salvadoreño también ha reforzado las penas de cárcel para pandilleros y sus colaboradores, permitiendo juicios masivos por clicas sin necesidad de individualizar a los procesados, como parte de su política de seguridad contra las pandillas.
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