En una audiencia de procedimiento penal abreviado, la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictaminó la disolución y otras penalidades para dos empresas vinculadas a la Operación Coral.
Las empresas Meljo Comercial y Optumus, E.I.R.L. fueron excluidas del caso debido a la ausencia de sus representantes legales. Se les acusa de defraudar al Estado por más de mil millones de pesos.
El representante del Ministerio Público, Jonathan Pérez, informó que la jueza ordenó la clausura de los locales, una multa de tres mil salarios mínimos y el pago de 20 millones de pesos cada una en favor del Estado Dominicano.
También se decretó el decomiso de los bienes registrados a nombre de las empresas, que en realidad pertenecen a Rafael Núñez de Aza y Johanna Lucía Rodríguez Jiménez.
Se espera que esta tarde se lleve a cabo el procedimiento penal abreviado para las empresas S.S.A. Corporation y S.O.S. Carretera, cuyos representantes no se han presentado, por lo que el Ministerio Público ha preparado una solicitud de rebeldía en caso de no comparecer ante la jueza.
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Grupo imputado
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) señala que entre los imputados figuran los exjefes de la Cusep, Adán Cáceres Silvestre, y del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, acusados de desfalcar al Estado por más de 4,500 millones de pesos.
También se encuentran acusados el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa); el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
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