El Gobierno de Ecuador ha anunciado un nuevo estado de excepción centrado en cinco provincias de la zona costera del país, donde persisten actividades violentas atribuidas a bandas del crimen organizado. Este estado de excepción se aplicará en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, excluyendo a Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, y tendrá una duración de sesenta días. La medida suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio con el fin de ejecutar operaciones tácticas contra los grupos armados organizados.
Esta acción se lleva a cabo menos de un mes después de finalizar otro estado de excepción a nivel nacional que buscaba disminuir la violencia criminal en el país. Durante este periodo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, militarizó las cárceles del país, que eran epicentros de la crisis de violencia, muchas de ellas controladas por las organizaciones criminales.
A pesar de la finalización del estado de excepción anterior, Noboa ha mantenido la declaración de "conflicto armado interno" en el país, considerando a las bandas criminales como grupos terroristas. La presencia de violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles, llevando a Ecuador a ser uno de los países más violentos de América Latina en 2023.
Tras una intervención militar en la seguridad interna, se esperaba una reducción en los índices de crimen, pero un aumento de la violencia, especialmente en la región costera, ha generado preocupación en el país.
En los días previos a un referéndum, dos alcaldes fueron asesinados en municipios del sur del país, donde operan actividades de minería ilegal. El mismo día de la votación, el director de la cárcel de El Rodeo en Manabí fue asesinado. Los ecuatorianos han respaldado por mayoría reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, permitiendo la colaboración permanente de los militares con la Policía en operaciones contra las bandas criminales.
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