El régimen de excepción implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dado lugar a un estado de derecho fragmentado, donde las garantías constitucionales fundamentales se suspenden de facto en aras de la seguridad, según un informe publicado el 10 de julio por Cristosal, la principal organización de defensa de derechos humanos en el país.
Tras dos años de investigación, el informe de Cristosal señala la manipulación del sistema judicial y el alto costo humano de este régimen, que ha resultado en detenciones arbitrarias y la muerte de bebés y personas inocentes, así como en un aumento de la desigualdad social y de género.
Las cifras presentadas en el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador son impactantes: desde su implementación en 2022, 261 personas y cuatro bebés han fallecido estando bajo custodia estatal.
Estas muertes han dejado a 176 niños huérfanos, y el encarcelamiento masivo ha llevado al abandono de más de 62,000 menores de 15 años.
Cristosal se basa en tres grandes investigaciones que examinan estos dos años de estado de excepción, centrándose en el impacto en mujeres y niños, las muertes en prisiones estatales y la disfuncionalidad del sistema judicial.
"La tortura y los tratos inhumanos contra las personas detenidas bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele constituyen ya una política de Estado. No se están llevando a cabo investigaciones sobre estos abusos", explicó David Morales, jefe jurídico de la organización Cristosal. "Hemos analizado una muestra de 1,178 casos y hemos encontrado que las detenciones son arbitrarias".
Ante la falta de información oficial al respecto, la evidencia presentada en el informe contribuye a la búsqueda de justicia para las personas inocentes afectadas.
A pesar de las crecientes denuncias, el gobierno de Bukele ha negado repetidamente la responsabilidad del Estado en estos hechos.
Según denuncia el informe, muchas de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no tienen vinculación con pandillas y son inocentes. Además, la suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres.
El modelo punitivo de Bukele parece no tener límites. La semana pasada, el presidente amenazó a empresarios en un discurso televisado, advirtiéndoles de tomar medidas si los precios de los alimentos continuaban aumentando. "Así como lo dijimos a las pandillas, ahora se lo decimos a ustedes: dejen de abusar o no se quejen después", afirmó.
Fuente: Diario Libre
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