 y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) solicitaron a la CIP que abra una investigación por el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023 en Perú. Ambas organizaciones denuncian también el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción endémica y la captura de las instituciones.Tras llevar a cabo un perfilamento de las víctimas y la violencia de la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones de defensa de DDHH concluyen que se trata de crimen de lesa humanidad con un evidente tinte racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?Gloria Cano: “Que esta violencia letal fue utilizada contra manifestantes y contra personas que, si bien no participaron en manifestaciones, estaban, digamos, en la zona donde se efectuaron los hechos, sobre todo jóvenes. Y que estas acciones se dieron sobre todo en el sur del país, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cuzco, en Puno, en Arequipa. Eran los bolsones de votación del expresidente Pedro Castillo y que justamente eran los manifestantes que rechazaban lo que había ocurrido con el presidente Castillo, pero también exigían adelanto de elecciones. Al hacer el perfilamiento se tiene que efectivamente las personas provienen de las zonas quechua hablantes aimaras. Hay un rasgo muy racista con respecto a este abuso de la violencia y justificación de la violencia también”.¿Quiénes son los victimarios?“Desde la Presidenta de la República, los ministros que estuvieron a cargo de tomar las decisiones, así como los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tuvieron algún tipo de responsabilidad, fueron ascendidos incluso por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue ascendido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares al exterior. Es decir, hay acciones que demuestran no solamente el conocimiento, la toma de decisión, sino también el encubrimiento al tratar de proteger a las personas que estaban involucradas”.Ustedes también denuncian un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?“Hay un pacto entre el Ejecutivo y el Congreso para ir disminuyendo los derechos de la población, destruir las instituciones tutelares de la democracia como es el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, que no solamente elige a los jueces y fiscales de la Nación, sino también tienen el poder sancionador hacia ellos y eligen a los órganos electorales. Hay amenazas para intervenir el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y no dejar realmente que la justicia avance. Hay una primera votación en el Congreso donde se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo es acatando sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han dejado en libertad a Alberto Fujimori y creemos que la situación en el Perú se agrava cada día más”. La confianza de la ciudadanía hacia sus representantes también se ha desplomado. Una encuesta reciente realizada por DATUM, revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte. Y, según IPSOS. un 91% de la población rechaza el desempeño del congreso peruano.){kind=link}
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y una de sus organizaciones, la Asociación peruana Pro Derechos Humanos (APRODEH) han hecho una solicitud a la Corte Penal Internacional (CIP) para que investigue el asesinato de 49 personas y los 937 heridos durante las protestas que tuvieron lugar en Perú en los años 2022 y 2023. Ambas organizaciones también han denunciado el creciente autoritarismo del Gobierno de Dina Boluarte, la corrupción arraigada y la captura de las instituciones.
Después de examinar a las víctimas y la violencia sufrida durante la represión de las protestas en Perú, las dos organizaciones dedicadas a la defensa de los DDHH han concluido que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad con un marcado carácter racista. RFI entrevistó a Gloria Cano, directora de APRODEH, Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.
¿Qué es lo que han denunciado ante la Corte Penal Internacional?
Gloria Cano: “Que esta violencia mortal fue empleada contra manifestantes y contra personas que, aunque no participaban en manifestaciones, se encontraban en las zonas donde se produjeron los hechos, especialmente jóvenes. Estas acciones ocurrieron principalmente en el sur del país, en lugares como Ayacucho, Andahuaylas, Cuzco, Puno y Arequipa. Estos eran bastiones de votos del expresidente Pedro Castillo y justamente eran manifestantes que rechazaban lo sucedido con el presidente Castillo, así como exigían un adelanto de elecciones. Al analizar a las víctimas, se ha identificado que la mayoría de ellas provienen de zonas de habla quechua y aimara. Hay un claro tinte racista en este abuso de violencia y en la justificación de la misma”.
¿Quiénes son los victimarios?
“Desde la Presidenta de la República, pasando por los ministros responsables de tomar decisiones, hasta los altos mandos militares. Sabemos que muchos de ellos tenían algún tipo de responsabilidad, e incluso fueron ascendidos por la Presidenta de la República, como en el caso del Ministro de Defensa que fue promovido a Primer Ministro. Los mandos militares fueron premiados como agregados militares en el extranjero. Esto demuestra que no solo estaban al tanto de lo que ocurría y tomaban decisiones, sino que también encubrían a las personas implicadas”.
También mencionan un oscuro Pacto de gobierno. ¿En qué consiste?
“Existe un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso para ir recortando los derechos de la población, debilitar las instituciones que protegen la democracia como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, que no solo elige a jueces y fiscales, sino que también tiene poder para sancionarlos y escoger a los órganos electorales. Hay amenazas de intervenir en el Ministerio Público, destituir al fiscal de la Nación, destituir a todos los fiscales supremos y obstaculizar el avance de la justicia. En el Congreso se ha aprobado una ley de amnistía, desobedeciendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, liberando a Alberto Fujimori. La situación en el Perú se torna cada vez más grave”. La confianza de la población en sus representantes también ha caído en picado. Una encuesta reciente realizada por DATUM revela que solo un 5% aprueba a la presidenta Boluarte, mientras que según IPSOS, un 91% de la población rechaza la gestión del congreso peruano.
Fuente: Diario Libre
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.