En Cuba, se están presentando problemas de escasez de alimentos, leche y apagones continuos, lo cual ha provocado que la población de diversas ciudades salga a las calles en protesta. Existe una crisis de combustible que está afectando gravemente el sistema eléctrico del país. A pesar de esto, el gobierno cubano ha respondido de manera diferente a esta situación en comparación con brotes sociales anteriores, según ha observado el opositor Manuel Cuesta Morúa en una entrevista con RFI.
En Santiago de Cuba, la población demanda el cese de los apagones que llegan a durar hasta 17 horas bajo la consigna “¡Comida y corriente!”. Esta explosión social se ha extendido a otras ciudades, siendo la escasez de alimentos otro factor desencadenante. El historiador y activista Manuel Cuesta Morúa señala que la reacción del gobierno ha sido menos represiva en esta ocasión, reconociendo que las protestas son populares y respondiendo con la detención de entre 5 y 7 personas.
El gobierno ha reconocido la existencia de “demandas genuinas” y ha mostrado disposición al diálogo, lo que refleja un reconocimiento tácito a la normalización de la protesta social y a la legitimidad de las demandas de la población frente al Estado. Estas manifestaciones reflejan un “malestar país” y evidencian la ruptura del supuesto contrato político entre el pueblo cubano y su gobierno, según señala Manuel Cuesta Morúa.
"Ruptura del contrato entre el pueblo y el gobierno"
¿Cuál es la capacidad del gobierno para proporcionar los bienes básicos que la población está demandando? El opositor cubano menciona que ante la falta de suministros, el gobierno ha distribuido arroz, leche y azúcar, pero en cantidades insuficientes. En 2021, miles de cubanos salieron a las calles gritando por la libertad, lo que resultó en condenas y exilios de manifestantes y disidentes.
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