domingo, junio 1, 2025
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Editoriales

La Corte desestima la solicitud de remover a Patricia Padilla presentada por Donald Guerrero

La Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional ha desestimado la recusación presentada por la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero contra la jueza control del caso de corrupción Calamar, Patricia Padilla.

Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción, seguirá siendo la jueza control del caso en relación con 19 de los veinte imputados, ya que el año pasado fue apartada de la acusación contra el exministro José Ramón Peralta.

Después de ser excluida como jueza control en las investigaciones contra Peralta, se designó a la magistrada Ana Lee Florimón, quien posteriormente fue recusada por el Ministerio Público y apartada del proceso, siendo sustituida por Franchesca Potentini.

Por lo tanto, Potentini es responsable de la solicitud de ampliación del plazo para concluir la investigación de los veinte acusados de Calamar y todo lo relacionado con el exministro Administrativo de la Presidencia.

La audiencia sobre la ampliación del plazo para presentar la acusación por parte del Ministerio Público está programada para el próximo lunes 8 de este mes.

El equipo legal de Donald Guerrero acusó a la jueza Padilla de actuar parcialmente y obstaculizar el derecho a la defensa del exfuncionario mediante decisiones ilegales y retrasos injustificados en la tramitación de recursos. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte Penal rechazó estas acusaciones.

El caso de corrupción lleva un año sin que el Ministerio Público haya concluido la investigación sobre el grupo de exfuncionarios y abogados acusados de estafar al Estado con más de 19,000 millones.

Los señalados en el expediente

Además de los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, en la estafa al Estado se involucra el excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, así como otros funcionarios y empresarios relacionados con pagos irregulares y supuestos sobornos.

El fraude contra el Estado también implica a diversos exfuncionarios, como el exdirector del CEA y funcionarios de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda. La mayoría de los implicados se encuentran bajo arresto domiciliario, mientras que otros tienen impedimento de salida del país y garantías económicas.

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