El sistema carcelario de República Dominicana ha buscado mejorar las condiciones de sobrepoblación, inseguridad, violencia y corrupción en los últimos 20 años. A pesar de diversas iniciativas, como la reforma del sistema penitenciario implementada en 2003, no se ha logrado superar estos problemas. Exfuncionarios responsables de proyectos de mejora afirman que ha habido un retroceso en los avances alcanzados.
En abril de 2021 se aprobó la Ley número 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana. Esta legislación creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, responsable de aplicar políticas públicas en materia correccional. Al unificar los modelos de gestión carcelaria, se llevaron jóvenes preparados para el nuevo modelo a dirigir los centros restantes, lo que generó problemas como corrupción, motines, hacinamiento y consumo de drogas.
Colapsó el nuevo modelo
Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destaca que el nuevo modelo penitenciario tuvo avances hasta 2020, pero comenzó a colapsar debido a la unificación de los modelos sin crear las condiciones para que lo nuevo superara lo viejo. Se han registrado casos de hacinamiento y reincidencia entre los excarcelados.
En vía contraria
A pesar de los problemas, el Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández, destaca mejoras en educación, salud y infraestructuras en los últimos 3 años. Se han alfabetizado a privados de libertad, mejorado sus condiciones educativas y capacitado a nuevos agentes. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación de la Ley 113-21.
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