Hugo Beras sonrió, unió sus manos en señal de agradecimiento y miró hacia atrás desde su banqueta de acusados donde se encontraban sentados sus familiares, escuchando el dictamen de los jueces que lo pondrá fuera de la cárcel de Najayo para continuar su proceso judicial con una nueva medida de coerción: impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica de RD$5,000,000.
"Estoy agradecido, porque voy a tener la oportunidad de ver a mis hijos, que no los he visto todavía", expresó a su salida de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la noche de este lunes 11 de noviembre el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), señalado por el Ministerio Público como coautor y principal facilitador en un presunto entramado de corrupción relacionado con la red semafórica y el sistema de videovigilancia que sería instalado en la provincia Santo Domingo.
Los jueces Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán de la Segunda Sala Penal de dicha Corte tomaron la decisión de colocar una medida de coerción menos gravosa a un mes de que Beras fuese enviado a la cárcel de Najayo. Los jueces consideraron que el exdirector del Intrant no representa peligro de fuga.
El exdirector del Intrant también prometió a su salida que más adelante daría unas declaraciones al país.
La medida de coercion que pesaba en contra del exfuncionario consistía en prisión preventiva por 18 meses. Junto a el también fue favorecido con medida menos gravosa José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
La Corte valoró a unanimidad las variaciones de medida de coerción contra Hugo Beras y Pedro Padovani; en el caso de Jochi Gómez hubo un voto disidente por parte de la jueza Isis Muñiz, quien no estuvo de acuerdo con dejar fuera de la cárcel a este último.
Los jueces manifestaron que los allanamientos realizados por las autoridades se hicieron dentro del ámbito de la legalidad.
Jochi, Hugo y Padovani son señalados de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Fuente: Diario Libre
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