El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha pospuesto por segunda vez la audiencia para revisar la demanda de nulidad presentada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) contra el decreto 420-23, que establece el Reglamento del Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para dealers y concesionarios.
El aplazamiento se debe a la ausencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en calidad de interviniente forzoso. La nueva audiencia se llevará a cabo el viernes 7 de junio, según lo ordenado por la juez suplente Mery Laine Collado Tactuc.
En la vista estuvieron presentes la Dirección General de Impuestos Internos, Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Guía RD, Acofave, además del Conep y la AIRD. Estas entidades fueron convocadas para comparecer.
El 18 de abril, Asocivu presentó dos acciones legales contra el decreto 420-23, alegando que afecta negativamente a la industria. Los miembros de la asociación piden la suspensión y anulación del decreto.
Origen del conflicto
El conflicto surgió cuando el gremio envió observaciones sobre el decreto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para su mejora. A pesar de las promesas de revisar las observaciones, el decreto se publicó sin consulta.
Los importadores de vehículos usados sostuvieron reuniones con la DGII, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el presidente Luis Abinader buscando modificar el decreto que consideran perjudicial para sus derechos. Tras meses de diálogo institucional sin éxito, han recurrido a acciones legales en busca de equidad y justicia para el sector.
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 aplazó este lunes por segunda vez la audiencia para conocer de la demanda en nulidad incoada por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), la cual busca la anulación del decreto 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios. El aplazamiento se debió a la no comparecencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en su calidad de interviniente forzoso. La juez suplente Mery Laine Collado Tactuc, en sustitución del juez Diomede Villalona, presidente del Tribunal Superior Administrativo, dispuso que la nueva audiencia se celebrará el próximo viernes 7 de junio. RELACIONADAS Negocios Asocivu deposita acciones judiciales para anular el decreto 420-23 sobre la importación de vehículos Negocios Asocivu considera sin fundamentos declaraciones de Acofave sobre vehículos usados En la vista estuvieron presentes la Dirección General de Impuestos Internos, Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Guía RD, Acofave. ADemás, el Conep y la AIRD, entidades que fueron convocadas. El pasado 18 de abril, Asocivu depositó dos acciones judiciales contra el decreto 420-23, por considerarlo contraproducente al desarrollo de la industria en el país. Por esta razón, los miembros de la asociación demandan la suspensión provisional y la nulidad total del decreto.El origen del conflicto De acuerdo con el gremio, el conflicto se originó luego de enviaran a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) un documento con unas observaciones al decreto para su mejora. Una comisión de técnicos de la DGII prometió estudiar dicha documentación y convocarle ante de que se publicara el decreto, sin embargo, el mismo se publicó sin hablar con ellos. A raíz de esta situación, las asociaciones de importadores de vehículos usados sostuvieron múltiples reuniones con el director general de la DGII y todo su equipo, con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y recibidas también en varias ocasiones por el presidente Luis Abinader, quienes en reiteradas ocasiones le prometieron modificar el contenido del decreto que alegan que vulnera los derechos de los importadores de vehículos usados. Por tal razón, afirmaron que se les agotaron todos los mecanismos de diálogo institucionales a todos los niveles de la jerarquía del Estado durante meses, y esperan que, con estas acciones judiciales, los dealers puedan lograr obtener certidumbre, equidad y justicia para el sector, aclamando ante el Poder Judicial, los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana.){kind=link}