, había perimido el año pasado y fue reintroducida en esta legislatura. Una comisión la estudiará a fin de rendir un informe favorable, que debería aprobarse dos veces y luego ir a la Cámara de Diputados para el mismo proceso. De recibir el visto bueno ahí, iría al Poder Ejecutivo para su promulgación.Unos de los considerandos indica: “La Estrategia Nacional de Desarrollo dispone la consolidación de las instancias de coordinación interinstitucional para articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida cogerencia, complementariedad y continuidad de las políticas transversales y sectoriales, así como impulsar un Estado competitivo que elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales”.El artículo 3 señala que parte de sus competencias serían, coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y la Dirección Nacional de Defensa Pública, así como con las demás instituciones cuya función esté relacionada al sistema de justicia y de derechos humanos.Tendría cuatro viceministeriosAdemás, la dependencia sería dirigida por un ministro y se subdividirá en los viceministerios de Política Judicial, Asuntos Legales y Representación; Derechos Humanos; de Relaciones Internacionales y un Viceministerio de Administración Penitenciaria. El artículo 55, sobre disposiciones transitorias, señala que se creará una comisión temporal que se reunirá a los 10 días de haberse publicado la ley a fin de elaborar el cronograma para dejar en funcionamiento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.){kind=link}
El Senado de la República estudia un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya función sería “formular, dirigir, promover y coordinar las políticas públicas” en esa materia y articular las relaciones del presidente de la República con las instituciones, agentes y entidades del sistema judicial, tanto nacionales como internacionales.
De aprobarse la ley, el Ministerio Público le transferirá los departamentos de Asociaciones Sin Fines, de Servicio de Representación de los Derechos de las Víctimas, el Modelo de Gestión Penitenciaria, las direcciones General de Prisiones, de Custodia y Administración de Bienes Incautados y la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones.
La propuesta del senador Félix Bautista, representante de San Juan por la Fuerza del Pueblo (FP), había perimido el año pasado y fue reintroducida en esta legislatura.
Una comisión la estudiará a fin de rendir un informe favorable, que debería aprobarse dos veces y luego ir a la Cámara de Diputados para el mismo proceso. De recibir el visto bueno ahí, iría al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Unos de los considerandos indica: “La Estrategia Nacional de Desarrollo dispone la consolidación de las instancias de coordinación interinstitucional para articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida cogerencia, complementariedad y continuidad de las políticas transversales y sectoriales, así como impulsar un Estado competitivo que elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales”.
El artículo 3 señala que parte de sus competencias serían, coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y la Dirección Nacional de Defensa Pública, así como con las demás instituciones cuya función esté relacionada al sistema de justicia y de derechos humanos.
Tendría cuatro viceministerios
Además, la dependencia sería dirigida por un ministro y se subdividirá en los viceministerios de Política Judicial, Asuntos Legales y Representación; Derechos Humanos; de Relaciones Internacionales y un Viceministerio de Administración Penitenciaria.
- El artículo 55, sobre disposiciones transitorias, señala que se creará una comisión temporal que se reunirá a los 10 días de haberse publicado la ley a fin de elaborar el cronograma para dejar en funcionamiento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Fuente: Diario Libre
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