El presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, está proponiendo reformar la Constitución para instaurar la prisión de por vida para "corruptos y traidores a la patria" en Venezuela, donde actualmente la pena máxima es de 30 años.
En el Parlamento, controlado por el chavismo, se están debatiendo dos proyectos que han generado preocupación entre abogados y activistas de derechos humanos. Uno de ellos es una ley contra el fascismo, que contempla penas de cárcel de hasta 12 años y que tiene como objetivo castigar a los opositores de Maduro. El otro proyecto busca regular el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, las cuales han sido blanco de ataques por parte del gobierno.
Según Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, estas propuestas generan un clima intimidatorio en pleno contexto electoral, donde el gobierno está tratando de infundir miedo en la población para influir en los votantes.
A solo tres meses de las elecciones, la oposición ha denunciado una campaña de acoso con el arresto de varios militantes y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, quien no puede competir contra Maduro. Asimismo, activistas de derechos humanos como Rocío San Miguel han sido también detenidos.
"¡Que se pudran en la cárcel!"
La propuesta de cadena perpetua surge luego de que el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y otros funcionarios fueran arrestados por un desfalco millonario en la estatal PDVSA. Esta medida requeriría una reforma constitucional que debe pasar por el Parlamento y luego ser aprobada en un referendo.
El gobierno suele imputar el cargo de traición a la patria a sus opositores, así como también utiliza la figura de "delitos de odio" que acarrean penas de hasta 20 años de cárcel, según una ley del 2017.
– "Abiertamente fascista" –
La 'Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares' fue propuesta por Maduro y busca eliminar la promoción de reuniones o manifestaciones que alaben el fascismo. Esta medida también contempla la ilegalización de partidos políticos y multas para quienes financien actividades o difundan información considerada fascista.
Según Daniels, el gobierno venezolano tiende a catalogar casi cualquier cosa como fascismo, lo cual genera incertidumbre en cuanto a qué sería considerado como tal en realidad.
– "Restrictivo" –
Otro proyecto de ley que espera por segunda discusión desde enero de 2023 es el que busca regular a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Este texto busca obligar a las ONG a registrarse y declarar sus fuentes de financiamiento, imponiendo multas en caso de incumplimiento.
A pesar de que normativas similares existen en otros países de la región, una misión independiente de la ONU ha señalado que esta ley venezolana busca limitar el derecho a la asociación. Para Oscar Murillo, director de la ONG Provea, este paquete legislativo es altamente restrictivo.
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