Según un informe de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido exiliados de Nicaragua o han sido desterrados desde abril de 2018 por el Gobierno de Daniel Ortega, debido a razones de seguridad. Este informe se hizo público en ocasión del sexto aniversario de la muerte del periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado mientras cubría manifestaciones contra el Gobierno de Ortega.
El Colectivo denunció que los periodistas son perseguidos y criminalizados por las altas esferas de la dictadura, como la vicepresidenta Rosario Murillo, quien los ha tildado frecuentemente de terroristas. Además, el jefe del Ejército de Nicaragua descalificó el trabajo de los comunicadores al llamarlos "mercenarios de la información" en septiembre de 2023.
Al menos 56 medios cerrados
Por otro lado, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) informó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno sandinista desde el inicio de la crisis, incluyendo diarios importantes como La Prensa, el Confidencial y 100% Noticias.
El PCIN condenó el ataque a la libertad de prensa y de expresión por parte del régimen de Ortega y Murillo, y exigió la liberación del periodista Víctor Ticay, que lleva un año injustamente encarcelado por su labor periodística. También demandaron respeto y seguridad para todos los periodistas en Nicaragua.
Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que siga apoyando a la prensa independiente en Nicaragua y que condene las violaciones a los derechos humanos en el país. Por su parte, el Colectivo también exigió la liberación de Víctor Ticay y que se devuelvan los medios de comunicación robados a los periodistas independientes y se les permita trabajar sin amenazas.
La SIP alertó sobre la violencia del Gobierno de Ortega contra los periodistas nicaragüenses, que incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familias. Nicaragua se encuentra en una crisis política y social desde abril de 2018, agravada por las elecciones generales del 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato en medio de denuncias de fraude y con sus principales opositores en prisión o exiliados.
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