Es tarea casi imposible para la prensa conocer cómo operan los negocios de los astilleros en la República Dominicana, el número exacto de cuántos son o saber las condiciones bajo las cuáles el Estado los renta o permite usar parte del mar para sus instalaciones.
Las instituciones públicas que deben rendir información al respecto prefieren no hacerlo, y se escudan en una solicitud de tiempo que parece no tener fin, para evitar responder las solicitudes que se les cursan.
Al menos esta ha sido la experiencia de Diario Libre en solicitudes que cursó a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) y al Ministerio de Defensa que, si bien explicó que la respuesta correspondía directamente a la Armada de República Dominicana y tramitó hacia esa dependencia la solicitud que se le hizo el pasado 4 de julio, a la fecha no han respondido.
Los pocos datos obtenidos sobre el negocio de los astilleros los aportó, en tiempo oportuno, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe), que registra cuatro empresas amparadas en el régimen de zonas francas: Aventura Boats,S.R.L.; Ciramar Internacional Trading. CO.LTD.; Industrias Navales Dominicana (Inadon), S.R.L. y M & D Marine Repairs S.A.
La primera, opera en la Zona Industrial de Luperón Verde, en Puerto Plata, dedicada a la construcción de catamaranes y, según los datos ofrecidos por el Cnzfe, en 2023 construyó 13 unidades con un valor de mercado de 2.1 millones de dólares.
Fue el monto declarado por una empresa que en 2023 fabricó 13 catamaranes en Puerto Plata.
De los otros tres, dedicados a la reparación de embarcaciones, Ciramar funciona en los Astilleros Navales de Bahía de las Calderas, en Peravia; Inadon en la Zona Franca Industrial de Andrés, Boca Chica -desde donde se trasladan al lugar donde requieran sus servicios-, y el otro funciona en Los Mina, Santo Domingo Este.
Para conocer sobre la relación entre esas empresas frente al Estado, Diario Libre solicitó a Portuaria información sobre la modalidad de arrendamiento a las compañías que manejan los astilleros en el país.
Al tramitar la solicitud a través de la directora de Comunicaciones, Gabriela Bonilla, ésta pidió un tiempo, pues estaba inmersa en otras actividades que, al parecer, le impedían tramitar lo requerido al departamento correspondiente.
Pasados los 10 días pedidos, y ante llamada de insistencia de este medio, Bonilla preguntó para qué era la información; si la publicación sería positiva o negativa.
Explicada la imposibilidad de que el medio le adelantara si su escrito sería favorable o no, entonces procedió a requerir más tiempo y, dos semanas después, sigue sin dar una respuesta.
También, se procuró información al Ministerio de Defensa que, tan pronto recibió el requerimiento a través de las Oficina de Libre Acceso a la Información, el encargado de la unidad llamó para explicar que las solicitudes se manejaban separado de la Armada, por lo que estaba redireccionando a esa dependencia.
A la fecha, la solicitud no ha sido respondida. Aún más, Diario Libre hizo gestiones con la empresa Ciramar para que ofreciera información respecto a sus operaciones y, lo último que dijo, hace más de dos semanas, es que está a la espera de que la Armada le autorice que la prensa le visite.
Otra empresa a la que se le contactó con los mismos propósitos de conocer sobre su modo de operar fue Astilleros Benítez. También mostró disponibilidad en responder, pero a más de mes y medio, todavía no encuentra espacio para recibir al equipo de reporteros.
En la República Dominicana, la Autoridad Portuaria Dominicana es la responsable de la administración de los puertos e instalaciones portuarias, sean de carácter privado, público o concesionado. De acuerdo con el decreto 356-22, que establece el Reglamento de Aplicación del Código Internacional, las autoridades de protección y administración de los puertos e instalaciones portuaria del país son el Ministerio de Defensa, Armada de República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y la Autoridad Portuaria Dominicana.
Fuente: Diario Libre
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