![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://eltestigo.do/venezuela-promueve-legislacion-en-contra-del-fascismo&media=https://eltestigo.do/wp-content/uploads/2024/04/venezuela-promueve-legislacion-en-contra-del-fascismo-2.jpg&description=Dominado por el oficialismo, el Parlamento de Venezuela aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley contra el "fascismo", término que funcionarios gubernamentales suelen usar para referirse a opositores, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante el parlamento dominado por el oficialismo una propuesta de "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares" que, sostuvo, es una petición del gobernante Nicolás Maduro para “proteger” al pueblo de la violencia fascista, como un “buen padre”.El documento consta de 30 artículos que buscan castigar “severamente” cualquier acción que se considere promueva el fascismo, incluyendo la difusión de mensajes por redes sociales.La justificó por los sucesos violentos que derivaron de las protestas masivas de 2014 y 2017, y por el eslogan “Hasta el final” de la líder opositora María Corina Machado, que comparó con el nazismo. También citó como una de las justificaciones que en Venezuela ha habido partidos fascistas como "Nuevo Orden", a pesar de que se trata de una organización extinta hace 22 años. RELACIONADAS América Latina María Corina Machado llama a "protesta mundial" contra el "bloqueo electoral" en Venezuela América Latina "Dejen los nervios", dice Maduro ante "circo" internacional por elecciones El articulado de la ley describe al “neoliberalismo” y al “conservadurismo moral” como rasgos comunes del fascismo, aunque no los define, y prohíbe la difusión de mensajes que se estimen “denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos”.El proyecto, que se aprobó en primera discusión pero faltaría hacerlo por segunda para entrar en vigencia, permite la disolución de ONG y partidos políticos, además de inhabilitaciones, por adoptar posturas que la ley considere fascistas o neofascistas."Y finalmente, se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas, creando especies penales muy especiales e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza", sostuvo Delcy Rodríguez.La "divulgación de mensajes prohibidos" en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a "medios electrónicos o impresos" de entre 50,000 y 100,000 "veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central", equivalentes hasta a 100,000 dólares.Sectores de la oposición y la sociedad civil han advertido que el proyecto de ley busca criminalizar la disidencia en pleno año de elecciones presidenciales.){kind=link}
El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley contra el "fascismo", el cual establece penas de hasta 12 años de prisión y multas elevadas. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta ante el parlamento dominado por el oficialismo, con el fin de proteger al pueblo de la violencia fascista. El proyecto consta de 30 artículos que buscan castigar cualquier acción que promueva el fascismo, incluyendo la difusión de mensajes por redes sociales.
Esta propuesta se justifica por los sucesos violentos de las protestas en 2014 y 2017, así como por el eslogan utilizado por la líder opositora María Corina Machado. La ley describe al “neoliberalismo” y al “conservadurismo moral” como características del fascismo, prohibiendo mensajes que denigren la democracia y sus instituciones. Además, contempla la disolución de ONG y partidos políticos que adopten posturas consideradas fascistas o neofascistas.
El proyecto incluye sanciones penales y administrativas, con revocatorias de concesiones para medios que divulguen mensajes prohibidos, así como multas para medios electrónicos o impresos. Sectores de la oposición y la sociedad civil han criticado esta propuesta, señalando que busca criminalizar la disidencia en un año de elecciones presidenciales.
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