La creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a través de una nueva ley podría tener impactos negativos en la protección de la confidencialidad de las fuentes y el derecho a la privacidad, lo que conlleva riesgos para la libertad de prensa y de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En un informe publicado durante la Reunión de Medio Año de la SIP, se señala que la Ley 1-24, aprobada en diciembre y actualmente en proceso de reforma, contiene disposiciones que podrían llevar a restricciones, según la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), organizaciones de la sociedad civil, expertos legales y la Iglesia católica.
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 11, que otorga a la DNI el poder de requerir a entidades privadas o individuos la entrega de toda la información solicitada, lo que se interpreta como una forma de coacción a derechos fundamentales y una limitación a la libertad de prensa.
Ante las críticas recibidas, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha instruido la formación de una comisión intersectorial, que incluye a la Sociedad Dominicana de Diarios, para revisar la ley y proponer medidas de protección. Se está trabajando en la reforma del texto para lograr consenso entre el gobierno, la SDD y otras organizaciones que han expresado objeciones a la ley.
Además, se están esperando las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a los recursos de inconstitucionalidad presentados, y en el Congreso se han presentado varios proyectos de ley por parte de distintas organizaciones para modificar la normativa existente.
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