martes, julio 29, 2025
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Editoriales

Son doble agentes

En teoría, los asesores del gobierno deberían ser faros de conocimiento técnico, guiando las decisiones públicas con base en la experiencia y el interés colectivo. En la práctica dominicana, sin embargo, demasiadas veces estos asesores son también protagonistas de una dinámica perversa: asesoran con una mano mientras negocian con la otra, manejando intereses personales o empresariales en el corazón mismo del Estado.

La figura del asesor, revestida de legitimidad técnica, se ha convertido en algunos casos en un escudo perfecto para encubrir conflictos de interés que en cualquier democracia madura provocarían renuncias inmediatas o investigaciones profundas. Aquí, en cambio, el conflicto se normaliza, se trivializa y hasta se institucionaliza.

No se trata únicamente de asesores que orientan proyectos en sectores donde ya tienen participación privada, sino de verdaderos operadores que utilizan su cercanía al poder para allanar caminos, manipular licitaciones, direccionar normativas o favorecer redes empresariales afines. A veces, el mismo asesor que participa en la redacción de una política pública es socio oculto en las empresas que luego se beneficiarán de esa política. El conflicto no es hipotético: es flagrante.

Esta doble agenda genera daños profundos. Primero, mina la calidad de las decisiones de gobierno, porque las prioridades dejan de ser el bien común para responder a intereses particulares. Segundo, erosiona la confianza pública en las instituciones, consolidando la percepción de que el Estado es un botín y no una herramienta de servicio ciudadano. Y tercero, multiplica las desigualdades, porque solo los que tienen "acceso" a estos asesores logran influir o competir en condiciones ventajosas.

En el país se requiere la implementación de reglas claras de incompatibilidad, la publicación obligatoria de intereses económicos, y sanciones severas para quien incumpla. El asesor que quiera ser empresario debe salir del Estado. Y el que esté en el Estado debe servir únicamente al interés público.

De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde el consejo no se da para construir país, sino para construir fortunas.

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