En República Dominicana el poder tiene dos oficinas. La oficial, con sello, decreto y rueda de prensa; y la alterna, donde se dejan los celulares afuera y los sobres manila con gomitas son el insumo más abundante. En la primera hay portal de transparencia; en la segunda, catálogo de comisiones. En la primera se leen pliegos; en la segunda se editan.
La oficina alterna no aparece en organigramas, pero decide quién entra, quién cobra y cuánto “deja”. Ahí manda el “enlace”: viejo amigo del incumbente, asesor honorífico, joseador de confianza o exfuncionario con llaves invisibles. No firma contratos: alinea voluntades. Lo respalda el “director y medio”, fusible con cargo formal —administrativo, compras, proyectos o jurídico— que viste de legalidad lo pactado sin acta: pliegos a la medida y comisión por factura.
Identificarla es sencillo: basta seguir la ruta del incumbente. Quién entra sin registrarse, quién tiene línea directa sin puesto, quién resuelve lo imposible. Sigue los sobres, las yipetas de vidrios tintados, las reuniones en restaurantes. Donde abunden contratos y falten respuestas con sentido, ahí está. Donde todos saben que hay cobros por fuera y todos callan, también.
Cuando un pago se libera y no llega al jefe, sobran los mensajes a través de Signal o Threema: “¿Entregaron?”, “¿Folder manila?”, “¿Llego entero?”. La oficina alterna no es un local: es un sistema. Un tumor que se disfraza de gestión eficiente, que roba hospitales, encarece la comida y sangra las escuelas. Y mientras siga generando beneficios arriba y miedo abajo, seguirá operando… sin sello, sin decreto, pero con todo el poder.
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