El Ministerio de Justicia y de la Seguridad Pública de Haití ha puesto en vigor un protocolo para la gestión de los expedientes de sus nacionales deportados o extraditados por presuntos delitos financieros o por colaboración con grupos terroristas. La nueva directriz, firmada por el Dr. Patrick Pélissier, establece un procedimiento claro desde la llegada de los implicados al país hasta la fase de instrucción judicial.
El texto ordena que todo haitiano deportado o extraditado —procedente de Estados Unidos u otro Estado— acusado de haber cometido o intentado cometer delitos financieros en Haití, o de haber financiado o respaldado a organizaciones criminales o terroristas, sea puesto inmediatamente bajo custodia del Comisario del Gobierno. Este funcionario asumirá la responsabilidad de preparar el expediente y remitirlo con urgencia al juez de instrucción.
Durante el proceso investigativo, el Comisario del Gobierno deberá transmitir al tribunal todo nuevo indicio que surja, contando para ello con el respaldo de organismos de control financiero como la Unidad de Control de la Financiación de la Economía (UCREF), la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), el Banco de Aseguramiento de Fondos Estatales (BAFE) y la Inspección General de Finanzas (IGF), entre otros.
Con esta medida, las autoridades haitianas buscan reforzar la cooperación interinstitucional y agilizar los trámites judiciales en casos que involucran flujos ilícitos de capital y vínculos con estructuras terroristas. Se espera que la aplicación rigurosa de este protocolo contribuya a desarticular redes de financiamiento del crimen y a garantizar un debido proceso conforme a los estándares legales nacionales e internacionales.
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