El sistema de justicia en la República Dominicana incorpora en su Código Penal la medida de orden de alejamiento con el fin de garantizar la distancia y la protección de las víctimas de violencia física. Se plantea la posibilidad de hacer más estricta esta medida mediante la imposición de brazaletes localizadores a los agresores, según lo propuesto en un proyecto de ley presentado en el Senado.
Según la propuesta presentada por el senador Franklin Romero, en casos de violencia de género, los jueces podrán ordenar el uso de un dispositivo de vigilancia telemática para los agresores, con el objetivo de evitar que se acerquen a las víctimas.
El dispositivo de vigilancia telemática es un sistema de monitoreo que se presenta en forma de pulseras, tobilleras, brazaletes u otros dispositivos conectados a una red telefónica con tecnología de geo posicionamiento satelital (GPS), sin comprometer la integridad física del usuario.
Para implementar el uso de los brazaletes, el proyecto pretende enmendar el artículo 309 del Código Penal mediante la adición de un párrafo que incluya la utilización de estos dispositivos.
También se contempla la inclusión de un numeral en el artículo 41 del Código Procesal Penal para permitir la imposición de brazaletes en casos de violencia de género.
El proyecto legislativo establece que, en los casos de órdenes de protección, el juez podrá ordenar la utilización de un dispositivo de vigilancia, el cual podrá ser solicitado por el Ministerio Público o por la víctima.
Costos y sanciones
En el caso de imponerse el localizador de vigilancia, el juez deberá comunicar al agresor que este deberá cubrir los costos del dispositivo, a menos que se demuestre su insolvencia económica luego de un estudio financiero realizado por la Fiscalía correspondiente.
En caso de que el presunto agresor viole las disposiciones y se quite el dispositivo de vigilancia, el proyecto sugiere que se ordene su inmediato encarcelamiento mediante la prisión preventiva como medida coercitiva.
De acuerdo con el proyecto de ley que se encuentra en análisis en el Senado, si el portador del localizador comete un nuevo delito, también se contempla la posibilidad de aplicar prisión preventiva.
Además, la propuesta de ley establece sanciones para los agresores que destruyan o alteren los dispositivos de vigilancia. En caso de infracción, podrían enfrentar multas de hasta 50 salarios mínimos y enfrentar un proceso judicial que podría resultar en una condena de hasta tres años de prisión.
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 y que no compromete la integridad física del portador.Para lograr la imposición de los brazaletes, el proyecto busca modificar el artículo 309 del Código Penal, agregando un párrafo a la ley para incluir los localizadores. RELACIONADAS Justicia Imponen medidas de coerción contra un juez de Valverde acusado de violencia de género También, sería adicionado un numeral en el artículo 41 del Código Procesal Penal para permitir la imposición de un brazalete en los casos de violencia de género.El proyecto legislativo establece que, en los casos de órdenes de protección, el juez de la jurisdicción de atención permanente podrá dictar la imposición de un dispositivo de vigilancia que podrá ser solicitado por el Ministerio Público o por la víctima querellante.Costos y sanciones En caso de que sea impuesto el localizador de vigilancia, el juez deberá informar al agresor que el costo del dispositivo será cubierto por el agresor, a menos que se evidencia que el victimario tiene insolvencia económica, previo estudio financiero realizado por la Fiscalía correspondiente.Si el presunto agresor viola las disposiciones de la ley y se quita el dispositivo de vigilancia, el proyecto propone que se ordene su inmediato encarcelamiento a través de la prisión preventiva como medida de coerción.“Este mismo caso de prisión preventiva también procederá si el portador del dispositivo de localización comete un nuevo delito”, dispone un párrafo del artículo siete en el proyecto de ley que estudia el Senado.La iniciativa de ley también sancionaría a los agresores si destruyen o alteran los localizadores. Como consecuencia, podrían pagar hasta 50 salarios mínimos y encarar un proceso judicial que conllevaría hasta tres años de prisión.){kind=link}