Una comisión anticorrupción del gobierno de Guatemala está investigando una presunta red de trata de personas que ha estado operando en el Ministerio de Comunicaciones en los últimos años, según informó una fuente oficial el miércoles.
"Se trata de un tema extremadamente delicado. Cualquier asunto de esta magnitud debe ser tratado con la debida diligencia", expresó Santiago Palomo, el jefe de la comisión anticorrupción, en una entrevista para una emisora local, luego de que se hiciera pública dicha red ilegal en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
"Este es un ministerio con un entorno sumamente crítico, donde la norma es la impunidad. Es algo profundamente indignante y creo que es necesario reflexionar sobre cómo podemos devolverle la dignidad al personal del Ministerio de Comunicaciones. Ese es el gran desafío", afirmó.
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Aunque la existencia de esta red fue revelada por medios locales en 2018 durante la administración del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), sin que se presentaran denuncias ante la Fiscalía, volvió a salir a la luz después de que la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fuera destituida por el presidente Bernardo Arévalo por no cumplir con los pagos a algunas empresas constructoras en fechas establecidas.
En una rueda de prensa el martes, De la Vega lamentó que su denuncia presentada al mandatario en enero al asumir su cargo haya sido ignorada.
El presidente aseguró que la denuncia está siendo investigada por la Comisión Nacional Contra la Corrupción, entidad creada para cumplir con su principal promesa de campaña.
Según Palomo, basándose en la información proporcionada por la exfuncionaria, las "señoritas" mencionadas en la denuncia estaban asignadas a una área dentro del Micivi sin que se clarificaran sus responsabilidades.
"Al parecer, existía un documento que era distribuido entre las personas involucradas; entiendo que ese documento es físico; es una situación lamentable y triste, agregó Palomo.
La comisión ha solicitado a esa área un informe que explique las acciones tomadas contra esta supuesta mafia que "se ha arraigado en el ministerio durante administraciones de gobiernos anteriores".
Las acusaciones son extremadamente serias y, de confirmarse, constituirían una violación de los derechos humanos de las personas implicadas, así como una muestra trágica de los niveles de corrupción en el Estado guatemalteco, indicó la entidad en un comunicado.
En el comunicado, se subrayó que el ministerio en cuestión debe explicar "cómo tuvo conocimiento de los hechos, los detalles específicos, las personas afectadas y los posibles responsables que se han beneficiado de esta red."
Asimismo, se calificó la acusación de "alarmante" y se afirmó que, de confirmarse, representaría "un acto degradante, repugnante e inhumano".
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