En Suecia, se está debatiendo si los funcionarios deberán denunciar a los inmigrantes sin papeles con los que entren en contacto. Esta propuesta de ley, presentada por el Gobierno de derecha en colaboración con el partido de extrema derecha, busca agilizar la expulsión de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, este proyecto ha generado una fuerte oposición dentro de los servicios públicos suecos.
Los funcionarios gubernamentales en Suecia han llamado a la "desobediencia civil". En palabras de Johanna Jaara Astrand, presidenta del sindicato de docentes, "todos los empleados del sector público deben quedar exentos. Es importante que en un Estado de derecho como Suecia, cada uno mantenga su rol".
El personal médico también se niega a denunciar a sus pacientes indocumentados. Cerca de 4,000 trabajadores de la salud han firmado una tribuna en contra de esta propuesta de ley, argumentando que va en contra del juramento hipocrático y podría tener consecuencias graves para la salud pública.
Michèle Le Voy, presidenta de la ONG PICUM, que aboga por los derechos de los inmigrantes indocumentados, califica esta propuesta como la creación de un "Estado policial" y exige que sea abandonada por completo.
Aún no se ha establecido qué consecuencias enfrentarían los funcionarios públicos que se nieguen a denunciar a los inmigrantes indocumentados. La investigación parlamentaria sobre este controvertido proyecto de ley continuará hasta el otoño.
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