, procesados por delitos cometidos entre 2018 y 2019, informó el lunes la Fiscalía General de la República.Condenas El pandillero Ángel Geovany Guzmán González recibió una condena de 1.420 años de prisión al ser encontrado culpable de siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos donde planificaba y conspiraba para asesinar personas, entre ellas, a nueve militares. Otro integrante de esa estructura, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, fue condenado a 764 años de cárcel por homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada y otros delitos. Así como Carlos Eduardo Díaz Rodríguez, recibió una condena de 567 años por homicidio agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas y otros; y la pandillera Ana Ruth Segovia Merino, 148 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. RELACIONADAS Actualidad Un líder de alto rango de la Mara Salvatrucha fue arrestado por terrorismo en California Actualidad Pandillero de "La Mara Salvatrucha" se declara culpable de varios asesinatos en Nueva York Según la investigación de la fiscalía, los 48 miembros de la Mara Salvatrucha tenían órdenes de asesinar policías y militares.En cuanto a las extorsiones, las víctimas eran transportistas y comerciantes de los mercados de la ciudad de San Miguel, a 135 kilómetros al oriente de la capital, a quienes les exigían dinero para no ser asesinados.El Ministerio Público agregó en un informe que a una de las víctimas, a quien no identificaron en el proceso, le exigieron 10.000 dólares en una sola entrega para pagar a un abogado que defendiera a los pandilleros que habían sido detenidos.Desde el 27 de marzo de 2022 en El Salvador rige un estado de excepción por disposición del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas y que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, el de tener asistencia de un abogado y el de conocer las razones de una detención.https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/08/jtihyxju35d5bjbwifrx6hrlpq.jpgEsta situación le ha conllevado a El Salvador duras críticas de organismos de derechos humanos.Más de 85.000 personas han sido capturadas, según cifras del gobierno, aunque la mayoría permanece en prisión sin una sentencia en contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.Por más de tres décadas las llamadas maras o pandillas, han mantenido presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.){kind=link}
Un tribunal de justicia en El Salvador ha impuesto penas de prisión de hasta 1.420 años para una estructura criminal de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), enjuiciados por delitos cometidos entre 2018 y 2019. Esto fue informado por la Fiscalía General de la República el lunes.
Condenas
- Ángel Geovany Guzmán González recibió una condena de 1.420 años de prisión por siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos de conspiración para asesinar personas, incluyendo nueve militares.
- Otro miembro, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, fue sentenciado a 764 años por homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada y otros delitos.
- Carlos Eduardo Díaz Rodríguez recibió una condena de 567 años por homicidio agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas y otros; mientras que Ana Ruth Segovia Merino fue condenada a 148 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas.
Según la investigación de la fiscalía, los 48 miembros de la Mara Salvatrucha tenían órdenes de asesinar policías y militares.
En cuanto a las extorsiones, las víctimas eran transportistas y comerciantes de los mercados de la ciudad de San Miguel, a 135 kilómetros al oriente de la capital, a quienes les exigían dinero para evitar ser asesinados.
El Ministerio Público informó que a una de las víctimas se le exigieron 10.000 dólares en una sola entrega para pagar a un abogado que defendiera a los pandilleros detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador ha estado bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas, lo que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, asistencia legal y derecho a conocer las razones de una detención.
Esta situación ha generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos hacia El Salvador.
Más de 85.000 personas han sido arrestadas, según datos del gobierno, aunque la mayoría permanece en prisión sin una sentencia firme. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.
En 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró como grupo terrorista, al igual que a la pandilla Barrio 18.
Por más de tres décadas, las maras o pandillas han estado presentes en barrios y comunidades del país, involucradas en actividades como el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Fuente: Diario Libre
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