El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, fue identificado en el caso Calamar como el principal responsable del desfalco al Estado por más de 41,000 millones de pesos. Según la acusación, Guerrero Ortiz violó los controles de pago del Estado para beneficio personal y presionó a funcionarios de menor rango para que cometieran actos ilegales.
Uno de los funcionarios presionados por Guerrero Ortiz fue el exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario. Pepín del Rosario, consciente de la operación ilegal solicitada por el acusado, agregó un párrafo a una comunicación para protegerse a sí mismo.
El pago de más de 11 mil millones de pesos beneficiaba a una empresa llamada Intercaribe Mercantil, constituida por Guerrero Ortiz en 2013 y representada por su hijo, Daniel Guerrero Mena. Según el Ministerio Público, esta empresa no cumplía con los requisitos para recibir fondos públicos ya que actuaba como cesionaria de otra empresa, Sargeant Petroleum.
El exministro de Hacienda solicitó a Obras Públicas un listado de contratistas con deudas, pero Pepín del Rosario se negó a hacer el pago sin realizar las conciliaciones correspondientes. Ante esta negativa, Guerrero Ortiz intentó hacer que Obras Públicas firmara una comunicación sin éxito.
Pago cuestionado y sin respaldo documental
Otro desembolso ordenado por Guerrero Ortiz fue de casi 2 mil millones de pesos a favor de Intercaribe Mercantil, sin contar con un contrato, certificación de deuda, facturas o cubicaciones que respaldaran el monto pagado. Además, se estima que el exministro desfalcó al Estado con más de 51 millones de pesos al asumir el pago de intereses de una línea de crédito privada de la empresa de su hijo.
Estas acciones ilegales habrían costado al Estado más de 21,000 millones de pesos, más del 50% de la estafa total atribuida a la red en el caso Calamar.
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 conjuntamente con José Miguel González Cuadra y Mustafa Abu Naba´A, desde que Gonzalo Castillo Terrero asumió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, por lo que “no cumplía con los requisitos para beneficiarse de los fondos públicos.La astronómica suma de dinero se solicitaba por concepto de cesiones de créditos acordadas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, sustentadas en facturas generadas por suministros de material asfáltico AC-30, de hormigón asfáltico caliente (HAC) y cubicaciones correspondientes a proyectos de obras ejecutados por el ministerio.El párrafo que agregó Ramón Antonio Pepín del Rosario para aclarar que la deuda debía conciliarse antes con el banco es el siguiente: “Cabe destacar que los expedientes relativos a las facturas y cubicaciones que sustentan aproximadamente el 80% de la referida deuda, fueron remitidos al Ministerio de Hacienda, donde reposan en la actualidad, mientras que el restante 20% se encuentra en proceso de pago por parte de este Ministerio, por lo que monto de la deuda precedentemente citada está sujeto a conciliación con el Banco de Reserva”.El exministro de Hacienda requirió al de Obras Públicas “el listado de los contratistas que tenían deudas con el Banco de Reservas”, pero Pepín Rosario “entendía que no habían datos para proceder al pago sin realizar las conciliaciones de lugar” con la entidad financiera gubernamental, por lo que “no estuvo de acuerdo con la redacción de esa comunicación”, se lee en el expediente que conocer el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.Ante la negativa de Pepín Corripio, Donald Guerrero Ortiz “le remitió, a través del director financiero del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la comunicación redactada sólo para firmar, sin embargo, este se negó a firmarla y decidió realizar una diferente. Esta comunicación se había redactado, a solicitud del Ministro de Hacienda, en la VP de Banca Gubernamental”.Caso Calamar: Ministerio Público acusa a imputados de distraer más de RD$41 mil millones ¿Por qué el exsenador Rafael Calderón está imputado en el caso Calamar? Pago cuestionado y sin papeles que lo sustentaranUn desembolso que ordenó pagar Guerrero Ortiz a la empresa Intercaribe Mercantil, fue la suma RD$1,834, 811, 729.85 a su favor, “sin existir un contrato, ni certificación de deuda, ni facturas ni cubicaciones que respalden el monto pagado”. Habría desfalcado al Estado con la referida suma de: “cincuenta y un millones setecientos quince mil cuatrocientos noventa pesos con 03/100 (DOP51,715,490.03) al asumir el pago de los intereses de una línea de crédito privada de la empresa de su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena con cargo al 15% de las utilidades del Banco de Reservas del año 2019, fondos que estaban destinados al pago de deudas contraídas por las instituciones públicas”.Las facilidades de líneas de créditos a los contratistas de instituciones del Estado se crearon con el “Programa de financiamiento de contratistas” y que habría costado al Estado más de 21,000 millones de pesos, más del 50 por ciento del total de la estafa que se atribuye a la red cuya investigación se ha bautizado Calamar.. Leer más Querellantes del caso Calamar someten a funcionario de Bienes Nacionales Estos son los nuevos imputados del Caso Calamar){kind=link}