La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha confirmado que el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la empresa Serviamed Dominicana S.R.L., presidida por la empresaria María Isabel Terán de Bonetti, sigue activo a pesar de su vinculación con el caso Medusa de sobornos y corrupción.
La DGCP explicó que no puede inhabilitar empresas que no estén directamente relacionadas con las acusaciones y que no hayan recibido sanciones definitivas. En el caso de Serviamed Dominicana, la empresa no fue parte del proceso de acusación llevado a cabo por el Ministerio Público.
La empresa de Terán de Bonetti adquirió contratos del Estado por más de 2,590 millones de pesos, derivados de una licitación pública realizada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a finales de 2021.
Uno de los contratos, por un valor de 674.9 millones de pesos, fue para la instalación de equipos médicos y mobiliario en el hospital docente Padre Billini. Otros contratos se firmaron para equipar el hospital San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís.
A pesar de la implicación de Serviamed Dominicana en el caso Medusa, la empresa no fue acusada por el Ministerio Público. Sin embargo, formó parte de una querella en constitución en parte civil por parte del Estado dominicano.
En febrero de 2023, ambas partes llegaron a un acuerdo en el que el Estado renunció a la querella y Serviamed pagó 84,903,951 pesos, sin admitir responsabilidad por los hechos.
Contrataciones Públicas ha informado que, durante la gestión de Carlos Pimentel, se han inhabilitado 108 registros, suspendido 626 y cancelado 220 por diversas causas o a solicitud del proveedor. Además, se ha habilitado una plataforma para visualizar el historial de proveedores cancelados, suspendidos e inhabilitados, con el objetivo de promover la transparencia y brindar acceso a la información técnica relacionada con los proveedores.
Fuente: Diario Libre
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 informó que se mantiene activo el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la empresa Serviamed Dominicana S.R.L., cuya presidenta es la empresaria María Isabel Terán de Bonetti, una de las personas que fue vinculada al pago de sobornos y actos de corrupción que se imputan en el caso Medusa. Explicó que ese órgano no puede inhabilitar empresas que no sean parte directa de imputaciones y sobre las cuales no se hayan establecido sanciones de la cosa irrevocablemente juzgada. “En este caso, la referida empresa no fue parte del proceso de acusación que siguió el Ministerio Público”, dijo Contrataciones Públicas.El caso de Terán de Bonetti llamó la atención luego de que el medio de comunicación Panorama publicó que su empresa fue adjudicada con contratos del Estado por más de 2,590 millones de pesos. Los contratos se derivan de una licitación pública realizada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a finales de 2021, por un monto superior a los 6,000 millones de pesos para la adquisición de instalación de equipos y mobiliarios médicos, lavandería y cocina para equipar varios hospitales.Uno de esos contratos, por un monto de 674.9 millones de pesos, fue suscrito el 24 de noviembre de 2021, para la instalación de equipos médicos y mobiliarios en el hospital docente Padre Billini. Otro se firmó en la misma fecha, por 1,750 millones para equipamiento del hospital San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís, y un tercer contrato de 166.1 millones, para el mismo centro, y en la misma fecha.La implicación de la empresa Serviamed Dominicana en el caso Medusa, que tiene como acusado principal al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, se produjo luego de que se presentara la acusación el 2 de julio de 2022, unos siete meses después de la firma de los contratos con el Mived. En el expediente se indica que la Procuraduría General de la República le adjudicó la adquisición de equipos sanitarios anti vandálicos.Señala que, además del monto del contrato, a la empresa representada por Terán de Bonetti le pagaron unos 33.1 millones de pesos como compensación por variación en la tasa de cambio, lo que llevó el monto que recibió a más de 365 millones de pesos. “De forma total, fue pagado por la Procuraduría General de la República la cantidad de RD$365,463,491.79 a favor de Serviamed Dominicana, S.R.L., de los cuales fue entregada la cantidad de RD$84,224,318.32 en soborno al entramado de corrupción, a través de Enrique Ernesto Bonetti Galván, quien luego le hacía entrega a Jean Alain Rodríguez Sánchez y tomaba una parte para sí”, dice la pieza acusatoria. Aunque la empresa no fue acusada por el ministerio público, sí fue parte de una querella en constitución en parte civil que hizo el Estado dominicano en el caso Medusa, mediante el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público. Las partes llegaron a un acuerdo en febrero de 2023, en el que el Estado renuncia a la querella, y Serviamed le paga 84,903,951 pesos. Las partes también declaran que el pago “no implica en modo alguno, ni tampoco puede ser interpretado, como reconocimiento o admisión de responsabilidad por los hechos alegados por el Estado dominicano”. Los inhabilitados Al explicar el por qué se mantiene activa a Serviamed como proveedora de Estado, Contrataciones Públicas informó que, durante todo el periodo de gestión, con Carlos Pimentel a la cabeza, se han inhabilitado 108 registros, suspendido 626 y cancelado 220 por diversas causas o a solicitud del proveedor. También recordó que han puesto a disposición de los actores del sistema una plataforma de visualización del histórico de proveedores cancelados, suspendidos y/o inhabilitados, “con el propósito de fomentar la transparencia y ofrecer acceso integral a la información técnica relativa al historial completo de proveedores”.){kind=link}