El Contralor General de la República, Félix Santana García, ha señalado que las entidades encargadas de hacer cumplir la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos serán muy estrictas con aquellos que violen este proceso legal.
Se espera que todas las autoridades, independientemente de su estatus laboral, presenten su declaración jurada a partir del 16 de agosto. Esta acción está siendo supervisada por varias instituciones, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, y el Ministerio de Administración Pública.
El Contralor García forma parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, establecida por el presidente Luis Abinader Corona mediante el decreto 343-22 del 6 de julio de 2022.
El mencionado decreto también prohíbe a la Contraloría General de la República incluir en la nómina pública a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito establecido en la Ley 311-14.
La comisión presidida por Milagros Ortiz Bosch tiene la facultad de recomendar sanciones contra aquellos funcionarios que incumplan con la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio.
La norma exige a los funcionarios presentar un listado de su patrimonio y el de su cónyuge al entrar y salir de sus funciones. Aquellos que no cumplan con esta obligación se enfrentan a sanciones graves, como la destitución.
Además, se han realizado 90 auditorías y se planea publicar 20 en los próximos días para garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado.
Por otro lado, el Contralor informó que se están llevando a cabo 15 auditorías a solicitud de alcaldes, tanto entrantes como salientes, para asegurarse de una transición financiera adecuada en los ayuntamientos.
Estas acciones forman parte de un programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de delitos, organizado por la Suprema Corte de Justicia.
Fuente: Diario Libre
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