En lo que podría ser la antesala de una nueva reforma fiscal, el Gobierno parece obsesionado con una sola consigna: recaudar más. Pero en un país donde los contribuyentes ya cargan con impuestos sobre combustibles, alimentos, servicios y salarios, el verdadero problema no es cuánto se recauda, sino cómo se despilfarra.
El Estado se ha transformado en una estructura hipertrofiada y clientelar, diseñada no para servir al ciudadano, sino para alimentar redes de poder. No es serio plantear una reforma fiscal sin hablar antes de una poda institucional profunda. ¿De qué sirven el INAGUJA, el INACOCO, el INUVA o el INDOCAFE? Estos son solo algunos ejemplos entre muchas otras entidades que no solo distorsionan el presupuesto, sino que también duplican funciones ya asumidas por otras instituciones.
¿Por qué no se integran estas entidades a las políticas generales del Ministerio de Agricultura? Si profundizamos, también encontramos ministerios enteros —como Juventud o Mujer— que en otros países funcionan como simples departamentos dentro de otras carteras. Aquí, en cambio, operan como feudos con presupuesto propio, viceministros y flotas vehiculares. ¿Para qué? Para mantener equilibrios partidarios y repartir nombramientos.
Una verdadera reforma no se limita a la prohibición de lujos oficiales. Se trata de desmontar la lógica del Estado botín, donde cada gobierno hereda una maquinaria obesa y la engorda aún más. La transparencia no se logra con discursos ni auditorías tardías, sino cerrando instituciones inútiles y reasignando recursos a donde sí hacen falta.
El contribuyente ya ha hecho su parte. Ahora le toca al Estado demostrarnos que también sabe recortar, priorizar y rendir cuentas. De lo contrario, más que una reforma, lo que se avecina será simplemente un atraco legalizado.
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