sábado, marzo 15, 2025
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Reportajes

El regreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela

En Venezuela, dos meses después de ser expulsada por el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) podría volver a operar en el país. Maduro hizo el anuncio el martes en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y también abrió una delegación de su despacho en Caracas.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta chilena Michelle Bachelet ocupaba el cargo. El 15 de febrero, fue expulsada tras expresar "profunda preocupación" por la detención de Rocío San Miguel, abogada especializada en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Una influencia limitada

El Gobierno venezolano acusó además a la oficina de la ONU de "convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas". Por ahora se desconoce cuándo reabriría en Caracas, pero, ¿de qué serviría su reapertura en este momento?

“Dado que se trata de un año electoral en el que el poder definitivamente está recurriendo a todas las herramientas posibles para el control de cualquier expresión de queja, de disidencia o de oposición, este retorno puede contribuir significativamente a que estas violaciones gravísimas a los derechos humanos que se están viendo, particularmente contra quienes militan en organizaciones políticas opuestas al poder, de alguna manera frenen”, explica a RFI Gonzalo Himiob Santomé, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal.

Persecución política

Foro Penal ha contabilizado 269 “presos políticos” hoy en Venezuela. “Se ha intensificado la persecución contra factores políticos de oposición. Recordemos que tenemos en este momento a seis activistas de uno de los principales partidos opositores, que es Vente Venezuela, el partido María Corina Machado, presos. Tenemos al activista Carlos Julio Rojas, privado arbitrariamente de su libertad. Vemos que se ha ilegalizado arbitrariamente a partes o a figuras políticas para no poder participar en los procesos electorales”, detalla Gonzalo Himiob Santomé.

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, está “por ejemplo, el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, o el caso de Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, que están en este momento presos”, añade.

El director de Foro Penal se dice particularmente preocupado por las nuevas leyes para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como una difusa ley para castigar “el fascismo”, un término con el que el régimen se refiere a opositores y críticos.

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