 y es llevada a cabo por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), con apoyo de varias direcciones de la JCE. El caso se califica provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y leyes relacionadas con el registro civil, cédulas, protección de datos personales y delitos de alta tecnología. Fuente: Diario Libre){kind=link}
El Ministerio Público del Distrito Judicial de Peravia logró que se dictaran medidas de coerción contra varios integrantes de una red que proporcionaba documentos de manera irregular a ciudadanos haitianos desde la Oficialía de Nizao, Peravia.
La jueza Loida Amador declaró el caso como complejo y ordenó prisión preventiva para Amauri Rosario Aybar, mientras que Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez deberán cumplir con garantía económica y presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. Rosario Aybar cumplirá su prisión en la cárcel de Baní.
La Procuraduría informó que los acusados fueron detenidos tras allanamientos en Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní. La red, compuesta por empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, operaba bajo la dirección de María Del Carmen Arias Castillo, quien está prófuga junto a Dominga Valdez, ambas con órdenes de arresto. Se les acusa de suplantar identidades de dominicanos, falsificar documentos y realizar declaraciones de nacimiento fraudulentas para beneficiar a haitianos.
La investigación cuenta con la colaboración de la Junta Central Electoral (JCE) y es llevada a cabo por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), con apoyo de varias direcciones de la JCE. El caso se califica provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y leyes relacionadas con el registro civil, cédulas, protección de datos personales y delitos de alta tecnología.
Fuente: Diario Libre
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