Al empresario José Miguel González se le cita en el expediente como investigado por asociación con el exministro Guerrero para apropiarse del negocio de importación y venta de asfalto, expulsando del mismo a Mustafá Abu Naba’a. Expropiaciones y reconocimientos de deudasEl organismo establece para las expropiaciones de terrenos, el supuesto grupo delictivo formó una "fuerza de tarea del crimen" que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord; con esos fines falsearon documentos públicos, para excluir herederos.Además, señala que a lo interno de Hacienda se creó el “Programa o El Proyecto” que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas. Establece que formaron una coalición de funcionarios para instaurar un esquema de soborno, logrando distraer sumas millonarias de las arcas del Estado, a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), por trabajos adicionales, incluso de obras cerradas, que el contratista no realizó, utilizando volumetrías falsas como una de las maniobras fraudulentas para lograr los pagos.“El grupo constreñía a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”, reza el expediente.En total, en lo relativo a las expropiaciones y reconocimientos de deudas se hicieron pagos por un monto de 20,281,133,589 pesos, dice el Ministerio Público en la acusación. Más de 190 querellantes La afectación a personas ligadas al sector privado a través de las operaciones fraudulentas establecidas por el Ministerio Público es lo que provoca que, por primera vez, en un caso de corrupción manejado por la actual gestión del organismo de persecución, más de 190 personas se han constituido formalmente como querellantes. Entre los querellantes figuran empresarios criollos y extranjeros, algunos de estos denunciaron la falsificación de sus firmas para la elaboración de documentos utilizados para la comisión de actos de corrupción.Los imputados Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila.Además, Rafael Calderón Martínez, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete, y Daniel Guerrero. ){kind=link}
El Ministerio Público ha descrito una organización criminal como un "holding criminal" que se dedicaba a desfalcar al Estado dominicano por una cantidad de RD,185,964,839.76 durante la administración del expresidente Danilo Medina. Este desfalco se llevó a cabo a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos para la campaña política del 2020.
El grupo estaba encabezado por Donald Guerrero, exministro de Hacienda, y seguido por José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, entre otros 31 imputados y 12 empresas. El Ministerio Público ha presentado una acusación de 3,662 páginas donde se establece que se cometió una operación masiva de lavado de activos y corrupción.
El grupo aprovechó su conocimiento de la administración pública para cometer ilícitos penales en beneficio propio. Se falsificaron documentos, se presionó a proveedores, y se falsificaron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Por ejemplo, el exministro Donald Guerrero incluyó a la empresa de su hijo en programas de crédito fraudulentos, donde se erogaron grandes sumas de dinero. Además, el empresario José Miguel González fue investigado por asociarse con Guerrero para apropiarse de un negocio de importación y venta de asfalto.
Expropiaciones y reconocimientos de deudas
El grupo delictivo formó una fuerza de tarea para manipular procesos judiciales y administrativos relacionados con expropiaciones de terrenos, falsificando documentos para obtener beneficios. Además, se estableció un esquema ilegal de cobro en bancas de lotería y colmados.
Para el reconocimiento de deudas a contratistas, se instauró un esquema de sobornos donde se distraían sumas millonarias de las arcas del Estado. Los pagos se hacían mediante acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos no realizados, utilizando documentación falsa.
En total, se realizaron pagos por un monto de 20,281,133,589 pesos en concepto de expropiaciones y reconocimientos de deudas, según la acusación del Ministerio Público.
Los imputados
Algunos de los imputados en este caso son Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, y otros mencionados en la acusación.
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