La empresa Consultoría Astur, propiedad de Alan Omar Vargas García, hijo de Miguel Vargas Maldonado, ha defendido sus derechos sobre el Teatro Agua y Luz en medio de una disputa con el Estado. La controversia debe resolverse nuevamente en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) devolviera el caso a esa instancia judicial.
Consultoría Astur, a través de su abogado, afirmó que la sentencia de la SCJ que devolvió el recurso al TSA se debió a que no se respetó el derecho constitucional de la entidad privada. Según el jurista Eduardo Jorge Prats, la SCJ envió el expediente al TSA porque consideró que no se cumplió el debido proceso conforme a la Constitución.
En 2015, Consultoría Astur obtuvo el arrendamiento del Teatro Agua y Luz por 25 años, pero la DGCP impugnó el contrato por incumplir la Ley 340-06. A pesar de que inicialmente el TSA falló a favor de la DGCP, la empresa apeló a la SCJ, que envió el caso de vuelta al TSA para considerar aspectos legales adicionales.
Según Jorge Prats, la DGCP inició una investigación sin notificar previamente a la empresa, lo cual afectó sus derechos. Además, el TSA ignoró el principio de congruencia entre la resolución impugnada y el recurso presentado.
El martes pasado, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo del recurso contencioso. La resolución en cuestión es la Número RIC-96-2020 de la DGCP, emitida el 8 de septiembre de 2020.
Los abogados de Consultoría Astur consideran que las irregularidades encontradas por la SCJ son responsabilidad directa de la DGCP, y creen que la resolución de esta entidad es nula. Jorge Prats anticipa que la jurisdicción contencioso-administrativa revocará la decisión de la DGCP por violar derechos constitucionales.
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