Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), encabezadas por su vicepresidente ejecutivo Andrés Astacio, han adjudicado contratos de excepción a cinco firmas de abogados. El propósito: auditorías legales forenses y recuperación de bienes del estado. Cada firma recibió un pago inicial de 100,000 USD y una mensualidad de 14,000 USD durante 24 meses por cada EDE, acumulando un total de 1,300,000 USD por firma. Además, se contempla un bono del 6% por recuperación total de los bienes.
Justificación y Polémica
La justificación oficial sostiene que solo estas firmas estaban capacitadas para llevar a cabo la tarea. Sin embargo, este argumento se debilita al considerar que el poder ejecutivo ya había designado a más de 30 abogados para la misma labor, cuestionando así la necesidad de recurrir a un proceso de excepción.
El Caso de SDHH Consultores SRL
Entre las firmas contratadas se encuentra SDHH Consultores SRL, cuya estructura accionaria revela un nombre relevante: Armando Paino Henríquez. Designado director ejecutivo del Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) apenas dos meses antes de la adjudicación, su participación en este contrato parece violar la ley 340-06 de contrataciones públicas, que prohíbe a los directores de fideicomisos públicos contratar con el estado.
Una Amistad que Genera Sospechas
Nuestras fuentes han confirmado una relación de amistad íntima y de larga data entre Andrés Astacio y Armando Paino Henríquez. Este vínculo personal levanta serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia de los contratos adjudicados.
Preguntas Necesarias
Desde El Testigo, nos preguntamos: ¿Se creen estos funcionarios por encima de la ley? ¿Cuánto dinero han recuperado realmente estos costosos abogados? El gasto realizado plantea la preocupación de que la cura esté resultando más cara que la enfermedad.
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