Miles de colombianos se han congregado este domingo en las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para expresar su descontento con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta al manejo del sector de la salud y su propuesta de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución.
La movilización, conocida como 'Marcha de las batas blancas', fue convocada por la Asociación Colombiana de Cirugía y posteriormente se sumó la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que representa a 69 organizaciones de médicos especialistas, así como miles de personas de diversos sectores de la sociedad.
En Barranquilla, una multitud vestida de blanco o con la camiseta amarilla de la selección de fútbol se reunió frente a la estación de Transmetro Joe Arroyo para luego dirigirse al Parque Santander en el centro de la ciudad coreando consignas en contra de Petro.
Defensa de la democracia
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras (2014-2017) ha sido uno de los críticos más prominentes de la gestión política de Petro, llamando a la población a unirse a las manifestaciones por considerar que las reformas constitucionales propuestas son un intento de "golpe de Estado". Vargas afirma que Petro intenta llevar a cabo estas reformas al margen de la Constitución.
En Medellín, donde Petro enfrenta una fuerte oposición, la multitud se reunió en el cruce de las avenidas Oriental con La Playa, portando banderas de Colombia y del departamento de Antioquia. En Bucaramanga, capital de Santander, también se han congregado personas vestidas de amarillo y banderas de Colombia para expresar su descontento con el Gobierno.
La salud primero
Si bien la oposición en Colombia ha protestado previamente contra el Gobierno de Petro, la manifestación de este domingo parece ser una de las más grandes debido al rechazo a la intervención del Gobierno en el sistema de salud.
El pasado 2 de abril, el Senado hundió un proyecto de ley que buscaba reformar el sistema de salud, lo que provocó que el Gobierno interviniera en la EPS Sanitas y otras empresas de salud por presunta insolvencia, lo que desencadenó la indignación de las organizaciones médicas y otros sectores de la sociedad.
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