En Papúa Nueva Guinea, las autoridades están trabajando contra el tiempo para recuperar los cuerpos de unas 670 personas que quedaron sepultadas bajo una avalancha el pasado 24 de mayo.
Según la ley, tienen hasta el viernes para decidir si suspenden o continúan con la misión de búsqueda y rescate que han estado llevando a cabo durante 14 días.
El Ejército papuano, a cargo de la operación, prefiere poner fin a la búsqueda y enfocarse en brindar ayuda humanitaria a los desplazados por esta tragedia.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU ha indicado que debido a los riesgos para la salud pública y la posibilidad de nuevas avalanchas, el gobierno provincial dejará de buscar cadáveres. Los cuerpos no recuperados serán considerados personas desaparecidas.
Tras dos semanas de arduo trabajo, solo se han recuperado once cadáveres, aunque la cifra exacta de personas sepultadas sigue siendo una incógnita. Las complicadas condiciones del terreno y los riesgos de más deslizamientos han dificultado las labores de rescate.
A pesar de la decisión de las autoridades de poner fin a la búsqueda, algunos afectados podrían continuar por cuenta propia. El arraigo a las tierras y la pertenencia a tribus hacen que en Papúa Nueva Guinea sea común que la comunidad busque a sus seres queridos para darles un entierro digno.
La situación se ve agravada por el riesgo de nuevos aludes debido a la inestabilidad del suelo. La OIM ha recomendado la reubicación de más de 7.400 habitantes en áreas seguras.
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