Las disputas legales entre individuos, empresas y gobiernos pueden complicarse aún más cuando cruzan fronteras. En ese contexto, el arbitraje internacional se ha consolidado como un mecanismo clave para resolver conflictos de inversión y comercio. Se trata de un proceso en el que las partes en conflicto acuerdan que un tribunal imparcial decida sobre el caso, basándose en normas y principios previamente establecidos.
Si bien no ha sido una práctica ampliamente utilizada en República Dominicana, el país no ha estado exento de este mecanismo. De hecho, con un volumen significativo de inversión extranjera directa (IED), estimada en US$4,400 millones en 2023, la nación caribeña se ha visto expuesta a diversos arbitrajes. A lo largo de las últimas dos décadas, el Estado ha enfrentado al menos una docena de casos de arbitraje internacional, con pérdidas acumuladas que ascienden a aproximadamente US$295.2 millones y litigios pendientes que podrían costar hasta US$309.8 millones.
Casos Relevantes de Arbitraje
1. Grupo TCW y Société Générale (2007)
El primer caso de arbitraje internacional contra República Dominicana fue interpuesto por el Grupo TCW y Société Générale en 2007. La empresa estadounidense, que poseía acciones en una de las empresas de distribución eléctrica del país, argumentó que el Estado había violado el DR-CAFTA al no subir las tarifas eléctricas y no prevenir el robo de electricidad.
Inicialmente, la demanda ascendía a US$500 millones, pero el gobierno dominicano acordó pagar US$26.5 millones para resolver el caso. Sumado a la readquisición de acciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), el Estado asumió un sacrificio financiero de US$207.2 millones.
2. Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (2008)
El Estado dominicano tuvo que pagar US$45 millones por incumplimiento de contrato con la empresa Codacsa, la cual tenía derecho a cobrar peajes a cambio de financiamiento y trabajos de construcción. La compañía alegó que el gobierno no proporcionó las garantías bancarias requeridas en el acuerdo.
3. Corona Materials LLC (2014)
Esta empresa estadounidense presentó un arbitraje bajo el DR-CAFTA tras la negativa del gobierno de otorgar un permiso ambiental para construir y operar una mina de agregados. El caso marcó la primera victoria de República Dominicana en un arbitraje internacional, con un monto reclamado de US$100 millones.
4. Ballantine contra República Dominicana (2014-2019)
Los inversionistas estadounidenses Michael y Lisa Ballantine demandaron al Estado por US$41.5 millones, alegando expropiación indirecta cuando se les negó la expansión de sus proyectos residenciales en el Parque Nacional Baiguate. El tribunal desestimó la demanda, resultando en otro laudo favorable para el país.
5. Lajún Corporation y el Vertedero de Duquesa (2017-2023)
La empresa Lajún, operadora del vertedero de Duquesa, presentó un arbitraje contra el Estado dominicano tras la terminación unilateral de su contrato. En 2023, un tribunal condenó a República Dominicana a pagar más de US$43 millones a Lajún.
6. Sargeant Petroleum vs. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (2022-Presente)
Uno de los casos más recientes involucra a la empresa estadounidense Sargeant Petroleum, que reclama más de US$57 millones. La disputa surge por la terminación de acuerdos relacionados con el suministro de cemento asfáltico AC-30 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La compañía alega que el Estado adoptó medidas para expulsarla del mercado dominicano del asfalto.
El proceso de arbitraje se inició en mayo de 2022 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en 2025 el caso pasó a la Suprema Corte de Justicia en el ámbito judicial local, donde se encuentra en espera de resolución.
Impacto en la Imagen del País
El hecho de que República Dominicana haya enfrentado múltiples arbitrajes resalta la necesidad de mejorar la claridad y estabilidad de sus regulaciones. Aunque el número de casos es moderado en comparación con otros países, la recurrencia de disputas por incumplimiento de contratos y cambios en normativas genera incertidumbre para inversionistas extranjeros.
Para reducir la exposición del país a nuevos arbitrajes, es crucial fortalecer la seguridad jurídica, establecer reglas claras y garantizar su aplicación consistente en el tiempo. La mejora en la transparencia y estabilidad de las políticas contribuiría a evitar litigios costosos y a reforzar la confianza de los inversionistas en el entorno empresarial dominicano.
El arbitraje internacional seguirá desempeñando un papel crucial en la relación de República Dominicana con inversionistas extranjeros. La nación debe fortalecer su marco legal y regulatorio para prevenir disputas y mejorar su posición en la resolución de conflictos internacionales.
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