A las nueve de la mañana, un minibús llegó al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este desde la cárcel de San Luis, transportando a diez imputados custodiados por tres agentes. Las medidas de seguridad parecían insuficientes, reflejando las deficiencias del sistema judicial dominicano, como el uso excesivo de la prisión preventiva y la sobrepoblación carcelaria. Los imputados vestían ropa desteñida, contrastando con los acusados en casos de alto perfil que reciben mayores medidas de seguridad. Mientras que los involucrados en la Operación Panthera 7, relacionada con un decomiso de 9.8 toneladas de cocaína, son trasladados con estrictas medidas de seguridad, la mayoría enfrenta condiciones precarias.
El Palacio de Justicia presenta condiciones inadecuadas, con escaleras estrechas y falta de asientos para visitantes. Los baños, unipersonales, generan largas filas y un ambiente incómodo. En contraste, se espera la finalización de un nuevo palacio en la avenida Sabana Larga, que albergará instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aunque se anunció su inauguración para fines del año pasado, la obra, con un avance del 85% según una nota de prensa de junio de 2024, aún no está terminada. La construcción, que supera los 4,000 millones de pesos, incluye 24 salas de audiencia y áreas para el Ministerio Público y la Defensoría Pública. A pesar de la demora, se observan avances con la presencia de obreros y maquinaria en el lugar.
Fuente: Listín Diario
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