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RFI entrevistó a Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado peruano por infringir el derecho a un "medio ambiente sano" de los residentes de La Oroya, una población minera. Peña calificó la sentencia como "histórica" y subrayó que sentará un precedente en toda la región.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano "por la violación de los derechos a un medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las 80 víctimas del caso", refiriéndose a los demandantes.
La ciudad minera de La Oroya, localizada a unos 3,750 metros sobre el nivel del mar, fue identificada en 2006 como una de las 10 más contaminadas del mundo debido a la fundición de metales pesados, una práctica que se inició en 1922.
En La Oroya, una instalación metalúrgica de fundición de metales pesados ha contaminado la sangre de la población con plomo por décadas. En 2005, un estudio realizado en niños de la ciudad reveló niveles de plomo hasta seis veces superiores a los límites establecidos por la OMS.
"Las comunidades y las víctimas han estado luchando desde finales de los 90, cuando empezaron a notar que las emisiones de la instalación metalúrgica estaban afectando su salud", comentó Peña. "Las mujeres empezaron a experimentar problemas de salud ginecológica. Se dieron casos de aborto. También generaba fatiga extrema y capacidad pulmonar reducida".
La sentencia de la CIDH del 22 de marzo reconoció la responsabilidad internacional del Estado peruano por violar los derechos a la vida, a un entorno saludable, al acceso a la información, y estableció medidas de reparación, como diagnósticos y tratamientos médicos especializados para las víctimas.
Peña resaltó que la sentencia no solo consideró a las víctimas, sino también a la comunidad en general. "La Corte dejó abierta la posibilidad para que las personas cuya salud se ve afectada por estos daños ambientales puedan recibir tratamiento médico. Se habló de la necesidad de una declaración pública de reconocimiento y perdón por parte del Estado, además de compensaciones monetarias para las víctimas".
Este fallo representa un avance para la justicia ambiental en América Latina y sienta un precedente que puede ser aplicable en otros casos de la región, concluyó la abogada Rosa Peña.
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