 y transacciones financieras que detallan la distribución de sobornos. Quilvio Rodríguez, desde su empresa, realizó transferencias a encargados de seguridad de instituciones públicas, quienes le proporcionaron sus cuentas en reuniones para coordinar la distribución del dinero ilícito. Camacho destacó que la investigación ha sido sólida, con cinco de los diez imputados admitiendo los hechos, lo que refuerza la solicitud de arresto domiciliario para los colaboradores y prisión preventiva para los demás. Los imputados que admitieron su responsabilidad describieron el mecanismo de los pagos ilegales, fortaleciendo la teoría del caso del Ministerio Público. Camacho subrayó la importancia de tratar de manera diferente a quienes colaboran con la justicia, ya que su cooperación es crucial para esclarecer el caso. El proceso ha identificado claramente a todos los actores de la corrupción: sobornantes, sobornados e intermediarios. El juez Rigoberto Sena decidirá sobre la coerción a los acusados, quienes afectaron instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), SeNaSa, y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur. La investigación fue liderada por la Dirección General de Persecución y la Pepca, tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según el Código Penal Dominicano y la Ley contra el Lavado de Activos. Entre los acusados que no llegaron a acuerdos están el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles. Quilvio Bienvenido González y otros se declararon culpables, solicitándose arresto domiciliario para ellos. Fuente: El Testigo){kind=link}
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, afirmó que en el caso de corrupción que involucra a una red de militares y civiles, cada soborno está debidamente probado ante el juez. Las pruebas incluyen documentos contables del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y transacciones financieras que detallan la distribución de sobornos. Quilvio Rodríguez, desde su empresa, realizó transferencias a encargados de seguridad de instituciones públicas, quienes le proporcionaron sus cuentas en reuniones para coordinar la distribución del dinero ilícito.
Camacho destacó que la investigación ha sido sólida, con cinco de los diez imputados admitiendo los hechos, lo que refuerza la solicitud de arresto domiciliario para los colaboradores y prisión preventiva para los demás. Los imputados que admitieron su responsabilidad describieron el mecanismo de los pagos ilegales, fortaleciendo la teoría del caso del Ministerio Público. Camacho subrayó la importancia de tratar de manera diferente a quienes colaboran con la justicia, ya que su cooperación es crucial para esclarecer el caso.
El proceso ha identificado claramente a todos los actores de la corrupción: sobornantes, sobornados e intermediarios. El juez Rigoberto Sena decidirá sobre la coerción a los acusados, quienes afectaron instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), SeNaSa, y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur. La investigación fue liderada por la Dirección General de Persecución y la Pepca, tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según el Código Penal Dominicano y la Ley contra el Lavado de Activos. Entre los acusados que no llegaron a acuerdos están el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles. Quilvio Bienvenido González y otros se declararon culpables, solicitándose arresto domiciliario para ellos.
Fuente: El Testigo
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