 ha recomendado a la Contraloría General de la República no aprobar pagos relacionados con aproximadamente 150 contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) hasta que se concluyan las investigaciones en curso. Estas investigaciones, iniciadas en abril bajo el artículo 71 de la Ley 340-06, buscan verificar la legalidad de los procedimientos de licitación pública identificados como INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, debido a indicios de irregularidades. El 15 de mayo, la DGCP comunicó a la Contraloría hallazgos preliminares que señalan a proveedores específicos involucrados en posibles irregularidades, como colusión y conflictos de interés. También se detectaron discrepancias en domicilios de oferentes y adjudicaciones a empresas sin el rubro correspondiente en el Registro de Proveedor del Estado (RPE). Además, se encontraron irregularidades en los criterios de evaluación y adjudicación, falta de claridad en los pliegos de condiciones y posible omisión en la publicación de gestiones completas. Entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, se informó a los proveedores adjudicados sobre su derecho a defender sus contratos. Hasta ahora, solo 12 han ejercido este derecho. La DGCP tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir resultados preliminares y notificar a las partes involucradas, conforme al artículo 224 del Reglamento de Aplicación del Decreto Núm. 416-23. La DGCP también colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial que incluye entrevistas y el intercambio de información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar posibles responsabilidades. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha recomendado a la Contraloría General de la República no aprobar pagos relacionados con aproximadamente 150 contratos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) hasta que se concluyan las investigaciones en curso.
Estas investigaciones, iniciadas en abril bajo el artículo 71 de la Ley 340-06, buscan verificar la legalidad de los procedimientos de licitación pública identificados como INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, debido a indicios de irregularidades.
El 15 de mayo, la DGCP comunicó a la Contraloría hallazgos preliminares que señalan a proveedores específicos involucrados en posibles irregularidades, como colusión y conflictos de interés. También se detectaron discrepancias en domicilios de oferentes y adjudicaciones a empresas sin el rubro correspondiente en el Registro de Proveedor del Estado (RPE). Además, se encontraron irregularidades en los criterios de evaluación y adjudicación, falta de claridad en los pliegos de condiciones y posible omisión en la publicación de gestiones completas.
Entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2025, se informó a los proveedores adjudicados sobre su derecho a defender sus contratos. Hasta ahora, solo 12 han ejercido este derecho. La DGCP tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir resultados preliminares y notificar a las partes involucradas, conforme al artículo 224 del Reglamento de Aplicación del Decreto Núm. 416-23.
La DGCP también colabora con la Unidad Antifraude de la Contraloría en una investigación especial que incluye entrevistas y el intercambio de información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar posibles responsabilidades.
Fuente: El Testigo
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